A través de un comunicado, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha querido valorar el informe sobre abusos sexuales en el ámbito eclesial presentado la semana pasada en el Congreso por el Defensor del Pueblo. Y su valoración es más que positiva, entendiendo que “ofrece una valiosa oportunidad a toda la Iglesia como Pueblo de Dios, no solo a la jerarquía, para hacernos cargo de esta lacra”.
Así, “nos comprometemos a estudiar el informe, a reflexionar y dialogar sobre él en nuestros contextos eclesiales y sociales porque los abusos nos incumben a todas y todos en la Iglesia y en la sociedad”.
Observando los datos ofrecidos en el estudio, se lamenta que, “a diferencia de lo que ocurre a nivel social, en el ámbito eclesial son mayoritariamente los niños varones las víctimas principales, especialmente durante los años 50, 60 y 70 del siglo pasado”.
Pero, yendo más allá del “estudio cuantitativo”, que pone en evidencia “la magnitud del problema”, las componentes de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia ponen la mirada en “su aproximación cualitativa”, mostrando su tristeza ante “los testimonios de más de 400 víctimas que ponen palabras al demoledor impacto de los abusos sexuales en sus vidas, en sus relaciones, en la salud mental y sexual, en los aspectos educativos y profesionales, hasta el muy doloroso daño espiritual tan específico de los abusos en la Iglesia”.
Entre los factores que explican el alcance de esta lacra, se apuntan “la falta de respuesta por parte de la institución eclesial, el ocultamiento y la negación que ha prevalecido durante años”. Actitudes eclesiales que “han llevado a las personas abusadas a una dolorosa victimización secundaria o revictimación, con el consiguiente daño a lo largo de toda su vida”.
Partiendo de la base de que “han sufrido una terrible traición de la confianza institucional y espiritual”, “deberíamos preguntarnos seriamente como Iglesia qué es lo que ha sucedido para que los abusadores hayan encontrado cobijo y escucha mientras que las víctimas solo han encontrado silencio y rechazo”.
Por ello, “las víctimas claman ser reconocidas, necesitan una petición pública de perdón y ser reparadas íntegramente, también económicamente”. En este sentido, “nos parece que un organismo temporal evaluador y un fondo estatal, como propone el informe, en el que la Iglesia entera colaboremos consciente y ampliamente, es una garantía para que esta se lleve a cabo”.
Más allá de estas respuestas concretas, la actitud ha de ser la de coger la cruz y, sin excusas ni explicaciones no pedidas, “la Iglesia entera hemos de arrodillarnos delante de las víctimas. Creemos que el tránsito desde la negación y el encubrimiento hasta la responsabilización está siendo demasiado lento, resulta insoportable ya para las víctimas, escandaliza a todo el Pueblo de Dios y produce una sangría de fieles y una tremenda desafección por parte de toda la sociedad”.
¿Cómo encarnar “un compromiso firme para la no repetición de los abusos”? El único modo posible es “trabajar en la prevención, elaborando mapas de riesgo en nuestras instituciones a partir de un mapa de daños; esto es, a partir de la atención a las víctimas reales”.
También son esenciales los “entornos seguros”, levantados sobre “relaciones horizontales y simétricas en los ámbitos comunitarios y pastorales, con el objetivo de erradicar el clericalismo y acabar con la infantilización y falta de formación de las laicas y laicos”.
En definitiva, “solo podremos avanzar si trabajamos juntos” y con la conciencia de que “es necesario un cambio de cultura institucional”, con “una mirada sistémica que incluya la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como una nueva comprensión de la moral sexual y una educación afectivo sexual no represora en los seminarios y casas de formación”.