El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha estado hoy en la Moncloa para entregar el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’ al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
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“Cumplimos el compromiso de esclarecer estos terribles casos y responder al dolor de las víctimas durante años de silencio. Gracias al trabajo de las instituciones públicas, España es un país mejor”, ha dicho Sánchez en un mensaje en Twitter.
El pasado viernes, en una rueda de prensa en Bruselas, ya había señalado que el Informe daba cuenta de “una realidad que todo el mundo sabía, pero de la que nadie hablaba”, al tiempo que agradeció el trabajo “respetuoso con las víctimas”.
El Informe reclama, entre otras medidas, un fondo de compensación económica a las víctimas. Según se recoge, “la compensación económica no tiene que estar sujeta a la discrecionalidad”, de ahí la idea de crear un fondo estatal para el pago de compensaciones en favor de las víctimas, que se trataría de un órgano especial de carácter temporal en el que se trabajaría mano a mano con la Iglesia como responsable subsidiario.
Las diferentes cifras
Gabilondo evitó en todo momento en rueda de prensa las cifras. Sin embargo, sí reconoció que la unidad de atención a las víctimas que se encarga de escucharlas y recoger información –escuchando a muchas incluso durante días– ha recogido 487 testimonios de casos ocurridos en su gran mayoría de 1970 hasta la actualidad.
Por su parte, El País –medio de comunicación al que el informe agradece su trabajo– habla de 2.206 víctimas de 1.036 sacerdotes, mientras que la Conferencia Episcopal Española reconoció el 1 de junio 927 víctimas de 728 sacerdotes abusadores en el Informe ‘Para dar luz’, aunque esta cifra va aumentando según llegan datos recopilados por las distintas oficinas de denuncia.
“En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subrayó entonces el Defensor del Pueblo.
Así, dio especial relevancia a una encuesta elaborada por GAD3 a 8.000 personas, incluida en el estudio, en el que se recoge que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. El 1,13% de adultos españoles afirman haber sido víctimas de abusos en entornos eclesiales. De estos, el 0,6% afirma haberlo sido por parte de sacerdotes o religiosos.
Por tanto, aunque el Defensor del Pueblo no es partidario de hacer extrapolaciones, la realidad es que con estos datos en la mano, varios medios determinaron que 440.000 personas habrían sido víctimas, en tanto en cuanto hay 39,8 millones de adultos en España.
El mismo estudio demoscópico señala que el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.
