Una defensa cerrada del informe. Y una de cal y una de arena con respecto a la encuesta encargada a GAD3 que incluye. Así se expresa justo una semana después de presentar su estudio antiabusos el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una entrevista al diario El País.
- PODCAST: Reforma sinodal voto a voto
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Preguntado por el sondeo, el veterano político socialista, explica que “Lo que puedo decir es que hicimos una encuesta con todas las garantías con los procesos demoscópicos y de los estudios sociológicos. Que el 0,6% de los encuestados digan que ha sufrido abusos por un religioso o un sacerdote es un dato incontestable. Estamos hablando de un asunto de gran importancia y de extensión. No es un problema minoritario como en un principio quería señalar [la Iglesia]”. Sin embargo justo después añade: “Aunque no soy muy partidario de hacer extrapolaciones”. Repreguntado por la legitimidad mediática de hacer proyecciones, añadió: “No voy a reñir a los que hacen extrapolaciones. Digo que yo no las hago”.
Dinámica de pluralidad
Más allá de esta cuestión, valora que “hay una dinámica de pluralidad que ha llegado a la Iglesia” a la hora de abordar la crisis de la pederastia. “Tengo constancia de que a algunos obispos les parece muy bien el informe y están dispuestos a abordar, con todas las consecuencias, lo que en él se dice”, relata Gabilondo en un diálogo con Julio Núñez e Íñigo Domínguez, los dos periodistas responsables del seguimiento de esta lacra en el periódico del grupo Prisa.
Para el Defensor del Pueblo, ahora es el momento de “no hacer debates infecundos para obviar lo decisivo: la reparación de las víctimas y la dilucidación de lo sucedido”. Con esta mirada para esclarecer lo sucedido en el pasado, reclama que “se abran los archivos de la Iglesia” de forma voluntaria, más allá de lo marcado por los acuerdos Iglesia-Estado -que define como “Concordato”-.
Datos cruzados
Sobre el hecho de que no haya dado una única cifra cruzada de casos entre los denunciados en los medios, los condenados civilmente y los investigados por la Iglesia, Gabilondo apunta que “no hemos sido capaces” porque “no teníamos datos para hacerlo rigurosamente”. De la misma manera, se niega a hacer pública la lista completa de casos: “. Si se debe hacer, debería decirlo el Congreso. También hay una razón por la que no se ha hecho: por las víctimas. Muchas han venido aquí con temor. No tienen ninguna voluntad de ser identificadas, ni que su caso sea conocido o señalado. Quieren la máxima confidencialidad”.
“Lo que nos preocupaba más era la singularidad de los testimonios, que es la parte central del trabajo. En ellos se ve que muchos han ido a informar a alguien de lo que ha sucedido y eso se ha silenciado”, pone sobre la mesa. Otro de los hechos significativos que desvela Gabilondo en la entrevista es que “no hemos tenido ninguna información de obispos que hayan abusado, sinceramente”.
Sobre la reacción de la Conferencia Episcopal a participar en un fondo estatal de compensación para víctimas solo en el caso de que no se incluya solo las de la Iglesia, el Defensor del Pueblo deja caer que “no me gusta que se pongan condiciones”. “Estoy de acuerdo en que hay que reparar económicamente a todas las víctimas. Pero, a veces, la universalización es una forma de impedir que ocurra algo concreto”, añade en su reflexión.
