Las relatoras especiales sobre la libertad de religión, Nazila Ghanea; y sobre la libertad de expresión, Irene Khan, exigieron al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata e incondicional del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encuentra preso desde febrero de 2023 acusado de delitos considerados traición a la patria.
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Las expertas de la ONU externaron también su preocupación ante el “hostigamiento contra miembros de la Iglesia católica y otras religiones”.
El sitio de noticias de Derechos Humanos de la ONU recuerda que el 18 de octubre, 12 sacerdotes católicos que habían sido detenidos “como parte de la represión registrada recientemente contra la Iglesia Católica en Nicaragua”, fueron liberados luego de un acuerdo con el Vaticano para su traslado a Roma.
Sin embargo, el obispo de Matagalpa “continúa detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, tras ser condenado sin juicio previo y haber perdido sus derechos de ciudadanía y nacionalidad”.
Medidas gubernamentales de represión
Asimismo, refiere: “El obispo Álvarez se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que contravienen gravemente las Reglas de Nelson Mandela (de la ONU, concernientes al trato digno de los prisioneros). Desde que se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales de 2018, el religioso se destacó por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses”.
Si bien hasta ahora la ONU da a conocer esta información, la misiva oficial a las autoridades nicaragüenses data del 2 de agosto de este año; en el documento las relatoras plantean “su inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento de organizaciones religiosas en el país”.
Desde entonces -precisa el comunicado de la ONU- Ghanea y Khan han advertido que las medidas gubernamentales de represión adoptadas incluirían el supuesto arresto y detención arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras religiones, las deportaciones forzosas y prohibiciones de entrada en el país, la criminalización de sus actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial a sus domicilios o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a estos grupos religiosos, al igual que la confiscación de sus bienes.
En ese sentido, las expertas refirieron que en 2022, las autoridades nicaragüenses cancelaron la personalidad jurídica de al menos mil organizaciones sin fines de lucro, 320 de ellas de carácter religioso.
“Vulnerando seriamente los derechos humanos”
En tanto que en agosto de 2023, el Gobierno derogó la personalidad jurídica de la histórica Universidad Centroamericana dirigida por la orden católica jesuita, y decomisó sus instalaciones. Además, habría anulado la personalidad jurídica de dos universidades cristianas evangélicas y de otra asociada con la Iglesia Católica.
Para las relatoras estas acciones violan el derecho internacional y parecen formar parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, “especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas del gobierno”.
“Las autoridades estarían vulnerando seriamente los derechos humanos a la libertad de religión o creencias, a la libertad de asociación, y a la libertad de expresión y opinión, entre otras garantías fundamentales”.
