La Conferencia Episcopal Española (CEE), en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que se convocó a finales de octubre para valorar el informe sobre los abusos en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo, agradeció la labor de la entidad liderada por Ángel Gabilondo y dio su “aprobado” al contenido del estudio. Así, tras agradecer sus “valiosas recomendaciones propuestas”, solo se mostraba rechazo por la estadística que concluía que “el 1,13% de los obispos españoles” han sido “víctimas de abusos en entornos eclesiales”, concretándose además que “el 0,6%” habría padecido esta lacra “por parte de sacerdotes o religiosos”. Un porcentaje que, en caso de extrapolarse al conjunto de la ciudadanía española, daría por hecho que las víctimas de los abusos en la Iglesia ascienden a 440.000.
- PODCAST: Reparar el daño y abrirse al cambio
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
La buena recepción parecía tal que, incluso, este pasado 8 de noviembre, el propio Gabilondo visitó la sede de la CEE para entregar un volumen del informe al presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella. Con todo, parece que no todos los obispos comparten esa buena valoración del estudio del Defensor del Pueblo y, en las últimas horas, están surgiendo voces en contra.
No ofrece nada novedoso
Uno de los críticos es el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien, en la presentación de la memoria económica diocesana, en unas declaraciones recogidas por EFE, ha asegurado que el informe es “discutido y discutible”.
Entre otras cosas, entiende que no ofrece nada especialmente novedoso, pues “muchas” de las recomendaciones ya las tienen incorporadas previamente en sus protocolos de prevención y de ayuda. Así, el trabajo del Defensor del Pueblo “ayuda a la Iglesia en el sentido de señalar puntos de dificultad y de subrayar caminos en los que ya se está realizando una tarea sobre ello”.
Se ha cometido un “fallo”
En las últimas horas, al presentar también la memoria económica de su diócesis, el obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha ido más allá y ha considerado que la Iglesia ha cometido un “fallo” al haber colaborado con el Defensor del Pueblo a la hora de facilitar información para elaborar su informe.
De hecho, cree que “no tendríamos que haber colaborado”, ya que ha sido un ejercicio de “discriminación clara hacia la Iglesia”. En este sentido, ha cargado con contundencia contra la estadística del estudio encargado por el Congreso de los Diputados, que Melgar entiende que es “inválida”, pues “solo sirve” para querer “quitar valor y prestigio social” a la Iglesia. Y es que “cada caso es cada caso” y, por tanto, “hay que probarlos”.
