Este martes 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional un contrato minero aprobado por el Congreso, que desde hace varias semanas ha venido provocando manifestaciones y paros laborales, con un saldo de cuatro personas muertas y decenas de heridos debido a las confrontaciones entre la misma sociedad civil.
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Durante este tiempo, la Iglesia Católica también expresó su oposición a dicho contrato, al considerar que “pone en riesgo la soberanía del país”, y advirtió que el extractivismo “no es un tema de progreso, sino de vida, de salud”.
La causa de las protestas
El pasado 20 de octubre, el Congreso aprobó la concesión -con una vigencia de por lo menos 20 años- a la filial de la canadiense First Quantum Minerals. Las protestas se desataron ante los posibles impactos ambientales y la nula discusión y análisis respecto de los mismos.
Durante semanas, el país centroamericano se vio envuelto en manifestaciones que llevaron al cierre de carreteras y paros laborales, para exigir al gobierno el cierre de dicha empresa, localizada en un espacio protegido.
Con la decisión de la Corte que se da el día en el que Panamá celebra 200 años de independencia, la famosa Ley 406, que en su momento fue aprobada por unanimidad, queda fuera del sistema normativo.
Reacciones de la Iglesia
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Panameña, cuyo presidente es el obispo de Chitré, Rafael Valdivieso, exhortó a las autoridades para que informen oportuna y debidamente sobre el proceso que se desarrollará a partir de este momento con relación a la minería y sus consecuencias en la vida de las comunidades y de sus territorios.
Resaltó el derecho de la ciudadanía a ser informada de una manera clara, sencilla y transparente; así como de “tener una amplia participación en el proceso de negociación del cierre de las minas, libre de toda presión económica o política”.
Para el episcopado, en este momento es de vital importancia incorporar no solo a especialistas ambientales y otros especialistas, sino también a algunos líderes de los grupos que han manifestado públicamente su desacuerdo con la explotación minera de ese país. “De esa manera se reafirma la voluntad de buscar el bienestar de todos, y garantizar la convivencia social pacífica“.
Ratificaron su compromiso de seguir acompañando a estos movimientos de diferentes formas; “trabajando por una conciencia de ecología integral en todas nuestras parroquias. Expresar, como lo hemos hecho en distintas declaraciones, nuestra opinión, nuestra palabra de aliento, nuestras orientaciones en medio de estos problemas; de igual manera continuar asistiendo a las hermanas y hermanos afectados por los peligros de contaminación de la minería en las comunidades”.
Finalmente, dejaron en claro que Panamá necesita un desarrollo humano con perspectiva de una ecología integral, donde la persona esté en el centro. “Ahora más que nunca necesitamos de una escucha y apertura generosa para alcanzar la justicia social y construir juntos un país para todos y con todos”.
