La Iglesia se desmarca de los entresijos negociadores entre los socialistas y los independistas catalanes y sus fichajes de verificadores para supervisar los acuerdos de investidura y legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. La figura del mediador extranjero es una imposición tanto de Junts per Catalunya como de Esquerra Republicana de Catalunya, para internacionalizar el procés catalá, situando a la misma altura a la Moncloa y la Generalitat como actores políticos.
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Si la formación catalana liderada por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha encontrado en el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez su persona de referencia para comprobar si Sánchez cumple, entre otras medidas, con la aprobación de la ley de amnistía, no ha trascendido la persona elegida por el partido de Oriol Junqueras para acompañarlos en esta aventura.
Al cierre de esta edición, lo que sí parece claro es que no será alguien vinculado directamente con la Iglesia, o al menos que cuente con el aval de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la Conferencia Episcopal Española o la Santa Sede, pero tampoco de entidades eclesiales de referencia en la resolución de conflictos. Así lo ha podido confirmar Vida Nueva de fuentes eclesiales.
Equilibrio y respeto
Así, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ya se habría visto obligado a desmentir públicamente, al menos en dos ocasiones, la posibilidad de ejercer de mediador. “No me lo han pedido y no me voy a meter donde no me llaman”, expuso en el marco de un encuentro con laicos en Zaragoza, donde insistió en la máxima que defendió en la Asamblea Plenaria de otoño y que logró el respaldo de sus hermanos en el Episcopado: evitar la “crispación” y “trabajar por el bien común”. “Después de haber logrado aunar las opiniones de todos en Añastro hacia una posición de equilibrio y respeto mutuo, sería errado romperlo si algún obispo o un sacerdote decidiera enfangarse en un asunto así”, exponen fuentes eclesiales a Vida Nueva.
