Parece que el considerado ‘juicio del siglo’ en el Vaticano está llegando a su fin ya que esta semana se conocerá la sentencia sobre todo lo relacionado con la presunta malversación de fondos –amén de otros delitos financieros– con el dinero de la Secretaría de Estado del Vaticano. Este caso ha puesto en el centro del disparadero al cardenal italiano Angelo Becciu y otros nueve acusados que se habrían relacionado con el prelado en diferentes operaciones financieras cuando este formaba parta del organigrama del organismo más importante de la Curia Romana.
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Ahora, tras dos años y medio de juicio en 85 vistas diferentes solo falta conocer la sentencia el próximo sábado, 16 de diciembre por la tarde según informó el juez Giuseppe Pignatone, presidente de la sala; si bien los alegatos finales se han producido este martes, 12 de diciembre –excepto uno de los letrados que, por motivos de salud, lo hará en la mañana del sábado–. El fiscal Alessandro Diddi ha solicitado 73 años y un mes de prisión para los diez acusados, algo que se traduce en siete años y tres meses para Becciu. También se han solicitado indemnizaciones cercanas a los 700 millones de euros, que es el cálculo que se hace de dinero malversado. Los abogados de los acusados han rechazado de pleno las acusaciones y piden la exoneración total de sus defendidos.
Juicio a la reformas financieras
Más allá de las responsabilidades personales, el propio modelo de gestión y transparencia –y por lo tanto las reformas económicas del papa Francisco– parece comparecer también en estrado montado en una sala polivalente de los Museos Vaticanos. Si bien la amplísima investigación de Diddi puede ser una muestra de cómo los controles internos parecen funcionar; para muchos expertos determinadas escenas vividas en este proceso parecen evidenciar la falta de profesionalidad en organismos tan estratégicos como es la Secretaría de Estado. A esto se suma el cuestionamiento de los juristas ante los poderes y normas creadas para un juicio que superaba la normativa jurídica vaticana.
El elemento más visible de este proceso es la controvertida operación inmobiliaria impulsada por el Vaticano en 2014 con la compra, por unos 400 millones de dólares, de un lujoso edificio el elegante barrio de Chelsea en Londres. Aunque finalmente se ha vendido este edificio se han quedado por el camino unos 150 millones de dólares provenientes previsiblemente de los donativos del Óbolo de San Pedro. A esto se han sumado el dinero puesto por el Vaticano para la liberación de una religiosa que acabó pagando facturas de artículos de lujo de una dudosa intermediadora amiga del cardenal o las transferencias de dinero a proyectos de los hermanos de Becciu.
La carta de Parolin
El tribunal tendrá que valorar además no solo la culpabilidad de los acusados sino la credibilidad del principal testigo del fiscal Diddi, el monseñor italiano Alberto Perlasca, exjefe de la oficina para la administración financiera de la Secretaría de Estado, que no está en el banquillo pero es la auténtica garganta profunda del caso. La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha reclamado 177 millones de euros para compensar los daños morales y reputacionales de este caso.
Que la credibilidad financiera del Vaticano está en juego lo demuestra también la carta que el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, escribió para una de las últimas sesiones. Para él, “no hay otro argumento de las defensas que atacar a nuestra Oficina” y se desmarca al señalar que el testimonio de Perlasca sea lo único que sostiene las acusaciones. Respetando la autonomía del tribunal, Parolin reclama que “en muchos casos las defensas no tenían más argumentos que atacarnos” y se pone de parte de la Fiscalía y destaca el valor de los documentos y demás evidencias más allá del testimonio de Perlasca.
