El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo ha enviado hoy 15 de diciembre por vía telemática el informe antiabusos a la Conferencia Episcopal Española, tal y como ha podido confirmar ‘Vida Nueva’. El propio Javier Cremades, presidente del bufete, se comprometió a enviar el estudio definitivo este viernes, después de varios aplazamientos y algunos desencuentros con los obispos.
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Desde el equipo de Cremades apuntan a esta revista que se habría apurado el envío porque “una diócesis ha enviado tarde la información”. De la misma manera, se confirma que próximamente se llevará a cabo un acto institucional para visibilizar la finalización del trabajo realizado.
Retrasos continuos
El estudio definitivo llega a manos de la Iglesia después de un largo trecho, con más obstáculos de los deseados, que comenzó en febrero de 2022 cuando se firmó el contrato de este encargo. La duración de la auditoría para radiografiar la pederastia eclesial estaba prevista para un año, pero se han venido sucediendo retrasos continuos desde entonces.
El malestar en el seno del Episcopado se acrecentó al inicio de este curso escolar, cuando trascendieron algunas diferencias en el seno del despacho de abogados, se filtró que los gastos del estudio superarían el millón de euros y quejas de algunas entidades religiosas sobre la calidad y la metodología utilizada. A esto se sumaba el hecho de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, remató su estudio antes a pesar de haber iniciado sus trabajos más tarde. A este malestar eclesial se sumó la recepción recientemente de una síntesis final que tenía diferencias significativas con un borrador previo que se había podido consultar hace un par de meses.
El pasado martes, el propio presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, dejó caer de manera diplomática cierta decepción. “El ‘informe Cremades’ llega un poco tarde”, expuso el purpurado en el marco de los desayunos informativos de Fórum Europa. “Habíamos quedado en que lo entregarían en un año”, lamentó el purpurado que planteó como “ahora ya tenemos gran parte del trabajo hecho”, en alusión tanto al informe del Defensor del Pueblo, a la instrucción episcopal en materia jurídica y a la decisión de crear un plan integral de reparación a las víctimas, con indemnizaciones incluidas.
