La Conferencia Episcopal Española se abstiene de mostrar su opinión sobre la histórica declaración que publicó ayer el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con el respaldo del Papa Francisco, sobre la bendición a parejas en situación irregular, que incluye tanto a las uniones gais, divorciados que inician una nueva relación…
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“Como premisa mayor, la Conferencia Episcopal Española no hace valoraciones de la Santa Sede y cada obispo verá en su diócesis”, expuso el secretario general de los obispos, César García Magán, en el marco de la rueda de prensa de presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia. El portavoz episcopal también subrayó que no añadiría más reflexiones ni admitiría nuevas preguntas al respecto.
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Tan solo apuntó que “no solo está centrado en las parejas homosexuales sino también heterosexuales” y se hizo hincapié en “la importancia de no confundir y de hacer esa bendición una celebración distinta del matrimonio canónico”. A partir de ahí, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Josetxo Vera, invitó a los comunicadores a “leerse el documento” e insistió en que no se valorará el texto pontificio.
Preguntado por ‘Vida Nueva’ sobre si la pastoral LGTBI y de divorciados se incluye en la Memoria Anual de Actividades, García Magán detalló que “en esas horas de servicio que se computan en el estudio estarán contabilizadas”. “En no pocas parroquias hay grupos de acompañamiento pastoral a personas divorciadas, separadas y bodas civiles, así como grupos de seguimiento de pastoral LGTBI”, añadió.
Por correo electrónico
Preguntado por la entrega de la auditoría encargada por los obispos al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, García Magán detalló que “el informe fue entregado el pasado sábado por correo electrónico para integrarlo en el trabajo que ya viene realizando la Conferencia Episcopal Española”. “Será publicado próximamente”, comentó sin poder dar fecha de cuando se realizará la entrega oficial en un encuentro entre el presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, y el presidente del despacho de abogados, Javier Cremades. En cualquier caso, compartió que es “un trabajo que merece su estudio”.
Sobre si los gastos generados por el estudio, que se cifrarían en 1,2 millones de euros, ya se habría computado en la actual Memoria de Actividades, desde la Conferencia Episcopal no se ha podido confirma este extremo. “Lo desconozco, pero en principio estaría en la partida de gastos extraordinarios porque en 2022 ya estaba realizado el encargo, pero no se lo puedo decir”, dijo Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
