Los obispos crean su propio macro informe antiabusos con las auditorías de Gabilondo y Cremades

La Conferencia Episcopal Española busca cerrar 2023 como el año en el que ha mirado de frente a la crisis de los abusos y ha tomado las riendas para radiografiar esta lacra y contar con una hoja de ruta. Así al menos se trasluce del informe ‘Para dar luz II’, elaborado por el propio Episcopado y publicado hoy 21 de diciembre, a la vez que se daba a conocer la auditoría encargada en febrero de 2022 al bufete Cremades&Calvo Sotelo. Lejos de contraprogramar al despacho, los obispos dan un paso más en lo que vendría a ser una macro síntesis de esta auditoria y de la del Defensor del Pueblo, cruzando datos, abordando el tema desde las perspectivas eclesial, histórico, sociológico y legal, así como analizando las propuestas en materia de justicia restaurativa y prevención, y traduciéndolas en medidas concretas a adoptar.

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En total se recogen hasta 98 observaciones de las ideas lanzadas por Cremades y Gabilondo y se formulan hasta 47 recomendaciones que la Iglesia se hace así misma para hacer realidad la ‘tolerancia cero’ contra esta lacra. Y todo, distribuidos en más de mil páginas distribuidas en cuatro volúmenes que vendrían a ampliar la primera entrega de ‘Para dar luz’, presentado en junio, que recopilaba la normativa de prevención y actuación vigente en la Iglesia. Ahora, un equipo interdisciplinar de la Conferencia Episcopal ahonda en el fenómeno de los abusos en el contexto social –con una radiografía del Ministerio del Interior, la Fiscalía, la fundación ANAR y Save the Children–, para después llevar a cabo un repaso histórico por esta lacra en la Iglesia desde el primer Concilio hasta el siglo XXI.

El cuarto volumen de esta nueva entrega, que no se publicará, recoge todos y cada uno de los casos registrados hasta la fecha por diócesis y congregaciones, hayan llegado por la vía de la justicia civil, por los dosieres del informe de ‘El País’, por el Defensor del Pueblo o directamente a las instituciones religiosas. Cada caso contiene una ficha en la que se detalla si la denuncia está probada, no probada pero resulta verosímil, no probada, excluida del ámbito del estudio, en curso de investigación, si es una denuncia falsa o está manifiestamente infundado.

¿Denuncias falsas?

De este cruce de datos, los obispos tienen registrados 806 casos, 413 en diócesis y provincias eclesiásticas, 369 en institutos religiosos, 13 en el seno del Opus Dei y un caso en institutos seculares. De todos ellos, 205 estarían probados completamente, lo que no significa que el resto se den por nulos. De hecho, ‘Para dar luz II’ solo reconoce tres casos falsos. En relación al caso inventado por un fiel católico del Opus Dei para cuestionar la credibilidad tanto del informe del Defensor del Pueblo como de El País, aparecería en el estudio de los obispos como “no probado”. Fuentes de la Conferencia Episcopal explican a Vida Nueva que el hecho de que estén registrados 806 denuncias “no significa que sea ese el número de víctimas real ni queremos caer en la trampa de ver que solo damos por cierto esos casos”. “Son más, pero no queremos entrar en una guerra de cifras: mostramos lo que hemos verificado, sin más”, insisten.

De hecho, el propio informe de los obispos recoge textualmente que “los datos contenidos en este informe nunca serán definitivos”. “Aunque estimemos que, cruzando los diversos informes, se ha llegado a conocer la realidad de en torno a un millar de casos de abusos cometidos en ámbitos eclesiales, es importante tener en cuenta que otros episodios de abusos tuvieron lugar hace demasiado tiempo para que hayan podido salir a la luz o que, directamente, algunas víctimas no quieren contar su caso”, se escribe a modo de autocrítica y de no dar por zanjada la crisis. Justo después, se apunta que “el esfuerzo de la Iglesia seguirá siendo conocer todos los casos para ayudar a sanar su dolor y poner lo medios para que no pueda volver a pasar”.

Análisis pormenorizado

‘Para dar luz II’ analiza de forma pormenorizada tanto las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo como las incluidas en los avances que el estudio de Cremades había ido facilitando a los obispos en estos últimos meses a medida que se iba cerrando su trabajo. A partir de ahí, el Episcopado las hace suyas, las valora y apunta hacia dónde dirigirá ahora sus pasos la Iglesia española para erradicar esta lacra. Entre ellas, destaca el mejorar el proceso de selección y formación de los aspirantes al sacerdocio o dotar de más recursos las oficinas de atención a las víctimas para que sean algo más que una mera ventanilla de denuncia. Quizá el desafío más complejo a afrontar pase por entender que, si bien la Conferencia Episcopal no es un órgano rector, las diócesis deberían centralizar sus esfuerzos en la coordinación de Añastro para homogeneizar las medidas a adoptar.

Incluso se da respuesta a la propuesta de crear un fondo de reparación para las víctimas. A la vista de los casos registrados y de cómo se han resuelto ya parte de ellos, se plantea que no es necesario crear una hucha como tal, pero sí abordar una reparación integral como así se aprobó en la Asamblea Plenaria de otoño celebrada a finales de noviembre.

En cualquier caso, el texto del Episcopado concluye con un subrayado: “Este informe no es definitivo. Desde el principio hemos dicho que Para dar luz es un informe vivo, que seguirá recogiendo datos, documentos, informes y publicando sus conclusiones. Lo hasta aquí presentado supone ya una luz en el mundo oscuro de los abusos sexuales a menores, pero siempre quedará trabajo por hacer.