Una de las incógnitas que desde hace meses viene persiguiendo a la auditoría Cremades & Calvo-Sotelo es el coste que conllevaría para la Conferencia Episcopal la elaboración de que la se presentaba como la radiografía más completa de la crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española.
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El informe final del despacho de abogados desvela que se han facturado 275.000 euros en honorarios profesionales de expertos externos junto a 750.000 euros en gastos de desplazamientos y organización. Este montante suma 1.025.000 euros, que es la partida final que los obispos españoles deben destinar a un estudio con el que no parecen haber quedado satisfechos a juzgar por las matizaciones expuestas en el macroinforme eclesial ‘Para dar luz II’ publicado simultáneamente a la auditoría Cremades.
Tarifa habitual
Con estas cuentas expuestas en el estudio, el despacho de abogados sostiene que, de haber repercutido además los honorarios profesionales, con la tarifa horaria habitual de 200 euros por hora de trabajo, los gastos hubiesen ascendido al menos a 9,5 millones de euros. Es decir, la Conferencia habría tenido que desembolsar 10,5 millones de euros por la auditoría.
Lo cierto es que en el contrato firmado por el presidente del bufete, Javier Cremades, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se detallaba que la asistencia profesional dispensada por el despacho se ofrecería “pro bono” debido a la “gran repercusión que está teniendo la cuestión” por lo que no se facturarían los honorarios profesionales. En este regalo de Cremades no se incluirían, tal y como expone el contrato otras partidas como traslados y desplazamientos, contratación de otros profesionales y facultativos externos…
Mil reuniones
Más allá de la cuestión monetaria Cremades & Calvo-Sotelo desvela en el informe que su equipo ha dedicado 100.000 horas de trabajo para la auditoría, que incluye 1.000 reuniones de trabajo y entrevistas a 748 personas. De ellas, 57.000 horas de trabajo corresponden a miembros del bufete.
Desde hace meses, cuando comenzó a trascender entre los obispos que los gastos de la auditoría superarían el millón de euros, el malestar se extendió entre los pastores puesto que esta cifra se sumaba a otras quejas sobre la calidad de la metodología y el trabajo de campo, el trato a las víctimas y las desavenencias internas en la propia cúpula de Cremades que dispararon la desconfianza del Episcopado.
