Las inmatriculaciones de la Iglesia: caso cerrado

28/12/2023 | José Beltrán

El Gobierno da por terminada su campaña contra los bienes registrados durante la Ley Hipotecaria de Aznar, un caballo de batalla que acaba “prácticamente sin reclamaciones”

Caso cerrado. Sin reclamaciones y ni apropiaciones indebidas. Así parece zanjares uno de los caballos de batalla que el Gobierno de Pedro Sánchez quiso abanderar nada más llegar a Moncloa hace cinco años: las inmatriculaciones de la Iglesia. La pasada semana el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reconocía que “no ha habido prácticamente ninguna reclamación” referente a los bienes inmatriculados en las últimas décadas.

En concreto, los 35.000 bienes -más de 20.000 de ellos, lugares de culto- registrados entre 1998 y 2015 gracias a una vía que abrió la Ley Hipotecaria de José María Aznar en relación a unas propiedades que la Iglesia sabía que eran suyas, pero que nunca llegó a inmatricular por no tener necesidad de ello.

¿De manera indebida?

Era la respuesta de Bolaños a la pregunta formulada por la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, que instaba al Gobierno actuar para poner fin al “expolio sin precedentes” que, según ella, habría llevado a cabo la Iglesia. “Ese listado se envió a todos los municipios de nuestro país para que nos dijeran si ellos entendían que había algún otro inmueble, alguna propiedad, algún terreno que también pudiera estar inmatriculado de manera indebida por la Iglesia católica y lo cierto y verdad es que no ha habido prácticamente ninguna reclamación”, detalló Bolaños.

Fue la entonces vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, quien inició esta particular batalla que buscaba destapar irregularidades en la inmatriculación, lo mismo de templos que de parcelas o plazas de garajes. Para ello, encargó un informe con datos facilitados de los Registros de la Propiedad de toda España que dieron cuenta de que la Iglesia registró entre 1998 y 2015 hasta 34.961 bienes. En febrero de 2021, Calvo dio a conocer esta cifra e hizo un llamamiento para que, tanto personas físicas como jurídicas, reclamaran sus propiedades, acudiendo si fuera necesario a los tribunales.

Adjudicados por error

Sin aspavientos, y una vez facilitado el listado por el Ejecutivo, la Iglesia revió uno a uno esos 34.961 bienes. ¿El resultado? La Conferencia Episcopal descubre que el Estado le ha adjudicado por error en ese listado 1.000 de esos bienes. Es decir, no es que la Iglesia se hubiera apropiado de mil bienes, sino que en ese documento del Gobierno aparecían mil bienes que la Iglesia ni tenía anotados como suyos ni pretendía que lo fueran. “El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo”, se detalló desde el Episcopado en su particular investigación.

Con este hallazgo del Episcopado, el 24 de enero de 2022 el cardenal Juan José Omella invitó a la sede de la Conferencia Episcopal al presidente Pedro Sánchez para presentarle el resultado de este estudio. Lo que parecía ser una jornada cordial, se convirtió en uno de los mayores desencuentros hasta la fecha entre los obispos y Moncloa. Y es que, a la vez que Sánchez le agradecía a Omella su buena voluntad a la hora de descubrir los errores, el propio Félix Bolaños, ya ministro de la Presidencia, filtraba de forma errada a sus medios de comunicación afines que la Iglesia había inmatriculado mil bienes sin una base probatoria. A partir de ahí, el Episcopado manifestó por varias vías su malestar por la manipulación del Ejecutivo en una cuestión especialmente sensible vinculada a la credibilidad de la Iglesia.

Aunque desde todas sus plataformas comunicativas, la Iglesia insistió en que no devolvió nunca esos mil bienes adjudicados por las Administraciones Públicas porque nunca las inscribió como tal, la versión de Bolaños nunca se llegó a desmentir desde Moncloa. Sin embargo, a la vista está, tras la respuesta del máximo responsable del Gobierno en las relaciones Iglesia-Estado a la diputada de Bildu, que la Iglesia no cometió irregularidad alguna en tanto que no se ha dado reclamación alguna significativa.