El 13 de enero fue excarcelado y exiliado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a unos días de cumplir un año en la cárcel ‘La Modelo’, donde debía purgar una pena de más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria.
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El obispo Álvarez, quien ha sido víctima de la persecución religiosa orquestada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participó en las mesas de negociación para solucionar en 2018 una crisis violenta producida por una reforma al sistema de seguridad social; sin embargo, fue acusado por el régimen sandinista de promover un golpe de Estado.
Los intentos de destierro
Álvarez fue detenido en agosto de 2022 y sometido a arraigo domiciliario, hasta que, en febrero de 2023, tras un intento fallido de Ortega de enviarlo al exilio, fue sentenciado a 26 años y cuatro meses de cárcel, acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
En julio de ese mismo año, el presidente nicaragüense intentó de nueva cuenta desterrar al obispo de Matagalpa, pero las negociaciones con la Santa Sede se habrían venido abajo por la negativa del propio Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar su tierra natal y a sus fieles, a cambio de su libertad en el extranjero.
Fue hasta la noche de este 13 de enero cuando finalmente, en un discreto operativo, Rolando Álvarez fue excarcelado y exiliado junto con el obispo de Siuna, Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas, que se encontraban también detenidos.
Una estrategia para salvar la vida del Obispo
En entrevista para Vida Nueva, la abogada nicaragüense en el exilio, Martha P. Molina, quien ha dado seguimiento puntual de la persecución religiosa en su país, a través de los informes ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’, aseguró que, si bien el exilio del obispo Rolando Álvarez fue lo mejor para salvar su vida, ese hecho no deja de ser un delito de lesa humanidad:
“Si monseñor Álvarez se quedaba, los sandinistas lo iban a asesinar porque ya tenían planes de hacerlo. Su destierro, aunque fue lo mejor para salvar su vida, continúa siendo un delito de lesa humanidad”, dijo.
Y añadió: “Nicaragua es un Estado criminal que ha cosificado al ser humano y lo mira como una moneda de cambio, y es así como están tratando a todos los presos políticos y de conciencia, entre ellos a los religiosos”.
Tortura en las cárceles de Nicaragua
La abogada dijo estar segura de que “el Papa Francisco conoce que en las cárceles de Nicaragua se practican mecanismos de tortura, tratos crueles e inhumanos, y a la dictadura le urgía deshacerse de los religiosos porque el catolicismo le es incómodo para su proyecto de instauración de una dictadura dinástica”.
Añadió Molina: “Esos religiosos únicamente estaban predicando la verdad a la luz del Evangelio, no eran delincuentes, y la dictadura los había criminalizado irrespetando todos sus derechos humanos y cometiendo, con este tercer destierro, delitos de lesa humanidad”.
Aseguró que si bien lo que acaba de ocurrir demuestra que hay un canal abierto de comunicación entre el Estado Vaticano y la dictadura Ortega-Murillo, no existe “un diálogo abierto y sincero por parte de la dictadura, que solo busca cómo imponer sus condiciones, entre ellas ser reconocidos en la comunidad internacional como una democracia que respeta el Estado de derecho, y no como una dictadura que comete delitos de lesa humanidad”.
La diplomacia vaticana -dijo- está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones, por lo que “busca salvar la integridad de los sacerdotes y también garantizar que la Iglesia pueda seguir desarrollando su labor evangelizadora, aunque sea solo con su presencia”.
Mal augurio para los sacerdotes y laicos
La abogada Martha Molina consideró que de ninguna manera la Iglesia pretende hacer caer la dictadura. “No es política eclesiástica pelearse con los Estados. Y aunque la dictadura Ortega-Murillo es ilegítima, sigue siendo el gobierno de Nicaragua y goza de reconocimiento internacional. La Iglesia no tiene prisa, y seguirá buscando canales de comunicación“.
Al ser cuestionada sobre el por qué los sacerdotes en el exilio evitan hablar del régimen sandinista desde el extranjero, Molina señaló que guardan silencio por orientación de sus obispos y porque sus respectivas familias tienen todo tipo de amenaza. “Si ellos hablan, quienes sufrirán asedio, encarcelamiento o asesinato son los familiares de los sacerdotes”.
Después de este tercer exilio de sacerdotes nicaragüenses, realizados entre 2022 y 2023 –el primero a Estados Unidos y los otros dos a la Santa Sede–, la abogada advirtió que en Nicaragua habrá “más represión a sacerdotes y laicos. El destierro y la ‘negociación’ no son motivo para la dictadura para cesar la persecución a la Iglesia porque ellos atacan la verdad que emana del Evangelio, y éste se seguirá predicando”.
