La Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Episcopado argentino, emitieron un comunicado ante el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo (DNU) y el Proyecto de Ley enviado al Congreso de la Nación.
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En el primer párrafo del comunicado aluden a una audiencia general del 20 de octubre de 2021, en la que el Papa expresó que “La verdadera libertad no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres”.
Decreto de Necesidad y Urgencia
Seguidamente, señalaron que este DNU hace modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos son contrarias a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
Especificaron las que están bajo del nombre de “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, que propone cambios en materia económica, en relaciones laborales y del sistema jubilatorio, en contratos entre particulares, privatización de empresas del Estado y normas de protección del consumo interno. También deroga la Ley de Tierras N° 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros, situación que puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos relacionados con la problemática territorial.
También alertaron sobre esta normativa que entró en vigencia, aún sin verificar los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad exigida por el artículo 99, inciso 3° la Constitución Nacional.
Proyecto de Ley
Los miembros de Justicia y Paz remitió también el proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que propone una delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un período (que podría cubrir todo su mandato), en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Afirmaron que, de aprobarse, se dañaría en forma grave la conformación de la República, caracterizada por la división de los poderes.
Observaron algunas de las modificaciones propuestas por el proyecto: privatización de empresas públicas; leyes de Defensa de la Competencia, el Código Penal, el Código Civil y Comercial y las leyes de procedimiento; movilidad jubilatoria; blanqueo de capitales; apertura irrestricta de exportación de productos primarios; régimen de explotación de hidrocarburos, de protección de la tierra y los recursos naturales; estabilidad de los empleados públicos; ley de partidos políticos y el régimen electoral; régimen de discapacidad, entre los 664 artículos.
Institucionalidad y gobernabilidad
El organismo eclesial sostuvo que las políticas de Estado solo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos, con un sentido inclusivo, republicano y federal. Recordaron que los Obispos, a los 40 años de recuperación de la democracia, destacaron que era un tiempo propicio para promover la igualdad, renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos para cuidar la institucionalidad y la gobernabilidad. Además, habían propuesto ir hacia una cultura del encuentro, a partir de la escucha, para habilitar el debate y superar las diferencias.
Exhortaron a que “todas las modificaciones que se proponen sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común”. Asimismo, afirmaron que las desregulaciones propuestas, si bien no todas pueden ser negativas, pueden dejar desprotegidos a los más vulnerables. “Necesitamos tiempo para un diálogo honesto y fecundo, que permita sentar las bases de un país integrado. A la vez que, en su tratamiento, se vele por garantizar el bien común; tarea que le compete al Estado por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera”, sostuvieron.
Dijeron que es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado para asegurar un marco republicano, escuchando a todos los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos o referentes en temáticas particulares con el objetivo de que pueden aportar alternativas superadoras, sobre todo para las que afectan a los más débiles (pobres, infancias, jubilados, las personas con discapacidad).
Finalmente, expresaron su preocupación, y reiteraron su disponibilidad y servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional.
