El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publica, junto al Centro Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla (CESPYD), el primer informe de acercamiento a la situación de la salud mental de personas internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Según el estudio académico, el 69% de los internos manifiesta sintomatología elevada de ansiedad y depresión, mientras que el 20% admite haber intentado autolesionarse.
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De hecho, el 70% de las personas comenzaron con esta sintomatología a raíz de su internamiento en un CIE, prevaleciendo por encima de la media situaciones de nerviosismo, tensión, inquietud, soledad, tristeza, atrapamiento, exceso de preocupación o problemas para dormir.
Según el informe –fruto del trabajo de los equipos de visitas de las entidades del SJM a tres (Algeciras, Madrid y Valencia) de los siete CIE que hay en España (Gran Canaria, Tenerife, Barcelona y Murcia)–, las personas internas en su mayoría sienten seguridad en los centros, con alta valoración de la atención sanitaria o su relación con la policía, pero se estima negativamente la atención jurídica, debido a la falta de información y dificultades de comunicación con sus abogados, así como la calidad de la alimentación en los centros.
En este sentido, se aprecia una clara correlación negativa: a mayor calidad de vida, menor sintomatología ansiosa o depresiva. Dentro de la calidad de vida percibida hay dos dimensiones que destacan como relevantes: condiciones físicas y relación con la policía. Así, mejores condiciones físicas (percibir que el centro está limpio) y una relación adecuada con la policía (percibir que existe una buena relación entre policías y personas internas) se relacionan con una mejor salud mental entre las personas detenidas.
El 87% iría al psicólogo voluntariamente
Las personas internas comentan que existen medios para preservar la salud mental en los centros, entre los que destaca la posibilidad de practicar deporte, caminar u otras actividades físicas o de ocio.
Del mismo modo, el 87% se muestra disponible para acudir a un servicio de ayuda psicológica, si fuese ofrecido por el CIE. “Me apoyaría mucho, para sacarme las cosas que tengo dentro”, “sería un refugio para nosotros para hablar”, “para mí sería muy interesante e importante”, “siento que es totalmente necesario”, “hay gente que está muy mal aquí y necesitan ayuda”, “creo que me ayudaría a llevar mejor la situación”, comparten algunos de los entrevistados.
Por ello, el informe enuncia recomendaciones a las autoridades, como contar con un servicio formal de acompañamiento psicológico dentro de la atención sanitaria que se ofrece dentro del CIE que cuente con competencias culturales adecuadas, accesible para las personas internas y para el personal policial y de servicios.
“Dicho servicio sería la mejor alternativa a la práctica actual de medicación de las personas internas y también tendría como cometido favorecer el bienestar del personal policial y de servicio destinado en los CIE, recoge el informe.
Y añade: “Merece la pena apostar por los espacios de apoyo, diálogo y reflexión; por la disponibilidad de actividades deportivas y de ocio; por mejorar la atención jurídica; minimizar los tiempos de espera; así como priorizar las medidas cautelares previstas en la ley, dejando el internamiento como última alternativa en casos muy medidos”.
“La salud mental es un derecho humano”
Para este primer informe sobre la salud mental en los CIE se realizaron 87 entrevistas (83 hombres y cuatro mujeres), mediante una metodología especializada en detección de síntomas relativos a la salud mental.
La duración media de estancia en España de las personas entrevistadas era de cinco años, y la nacionalidad mayoritaria de procedencia era Marruecos (un 58%) y países de Latinoamérica (39%). Así, la media de edad era de 31 años, contando con personas desde los 19 a los 52. Y el 71% estaban solteros.
El estudio define a los CIE como “espacios de riesgo para el desarrollo o exacerbación de problemas de salud mental entre las personas internas, quienes se enfrentan a una forma no planificada de pérdida de libertad, despersonalización, aislamiento, confusión e incertidumbre. Además existen dificultades de comunicación con profesionales y sentimientos de humillación”.
A este respecto, el SJM recuerda que “el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la salud de personas internas y el estudio alerta de que la detención contribuye a una pobre salud mental, siendo los CIE espacios de riesgo para que se produzcan autolesiones”. “La salud mental es un derecho humano a preservar y hacer valer”, aseveran.
En este sentido, muestran su agradecimiento a los directores de los CIE que han facilitado la labor de los investigadores. Además, el informe ya ha sido presentado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha manifestado su “interés y preocupación”.
