La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado hoy trasladar a la Fiscalía la incomparecencia del cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia, según informan fuentes parlamentarias a Europa Press.
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El purpurado no compareció en primera instancia el 29 de enero ante la comisión impulsada por el Parlament, ni tampoco lo hizo el 2 de febrero cuando volvieron a convocarle. Sin embargo, Omella puso a su disposición toda la documentación relativa a los abusos cometidos en el ámbito eclesial en toda España.
La realidad es que el 26 de enero, en una carta, el purpurado excusó su participación como testigo justificando que se trata de una decisión colegiada: “Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense hemos acordado, de forma unánime y expresa, que no comparezca en la sesión de la Comisión de Investigación para la que he sido convocado”.
No hay obligación de comparecer según el Constitucional
Entre los citados, un centenar de voces en un listado que salió adelante con los votos a favor de ERC, Junts, Comuns y CUP, y el voto en contra del PSC. Junto al cardenal, la comisión también llamó ese mismo día al vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia –que sí acudió, dejando claro que iba “a título personal y como ciudadano”-; al vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes; al abogado y representante de la Oficina para la prevención y la protección de abusos de la Archidiócesis de Tarragona, Carles Ferrer; y al presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno. Estos tres se unieron a la postura de Omella.
Si compareció este lunes el prior de la Abadía de Montserrat, Bernat Juliol, pero no el secretario general del Obispado de Vic, David Gómez.
El cardenal, para excusar su asistencia, cita en su misiva una sentencia del Tribunal Constitucional posterior a su convocatoria en la que se señala que la obligatoriedad de comparecer en las cámaras “solo es predicable respecto de aquellas cuestiones que puedan ser objeto de investigación parlamentaria”.
