La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, quien se encuentra en el exilio, denunció que el gobierno de Nicaragua convirtió en oficinas un edificio que pertenecía a las hermanas Pobres de Jesucristo.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- PODCAST: Mujeres en los seminarios, antídoto contra el clericalismo
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
En las imágenes que publica en su cuenta de la red social X, se observa un logo puesto al exterior del inmueble, en el que se lee: “Ministerio del Interior. Dirección de Migración y Extranjería. Servicios de Trámites Migratorios“.
Molina, quien es autora de los informes ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’, señaló respecto al edificio ubicado en la localidad de León: “Dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo que en julio de 2023; fueron expulsadas por la dictadura sandinista”.
Explicó que en el interior “permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado. Ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas. El Ministerio del Interior criminal haciendo de las suyas. Me informan que hay planes de próximas confiscaciones de edificios religiosos“.
En su momento el edificio era habitado por cuatro religiosas brasileñas, quienes atendían a las personas que se encontraban en condición de abandono y pobreza, “les leían la Biblia y los alimentaban”, señalaba Molina en julio de 2023 cuando cancelaron la personalidad jurídica de la Fraternidad Pobres de Jesucristo.
Al menos ocho organizaciones religiosas afectadas
Por otro lado, el Ministerio de Gobernación nicaragüense informó de la cancelación jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, siete de ellas -aseguró- no cumplieron con sus obligaciones al no reportar periodos entre dos y hasta 11 años de estados financieros con desgloses de ingresos y egresos. Entre esas organizaciones se encuentran tres evangélicas.
En cuanto a las otras ocho organizaciones – señaló en su órgano gubernamental ‘La Gaceta’- “solicitaron la cancelación de personalidad jurídica y registro por disolución voluntaria de sus miembros“.
Una de estas organizaciones es católica: la Asociación de Laicos Bethlemitas San Miguel Arcángel de Nicaragua, que -de acuerdo con ‘La Gaceta’- “sus miembros son personas de la tercera edad con enfermedades crónicas”.
De ese grupo al menos cuatro organizaciones son cristianas.
En el caso de las siete organizaciones que no cumplieron sus obligaciones se precisó que “corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso” de los bienes muebles e inmuebles “a nombre del Estado de Nicaragua“.
De acuerdo con la organización Alianza Cívica Nicaragua suman ya 3527 organizaciones, cuya personalidad jurídica ha sido cancelada por el régimen sandinista en los últimos cinco años.
