Un paso adelante y dos hacia atrás. Es lo que las principales entidades de Iglesia del continente denuncian que ha ocurrido en la Unión Europea a la hora de impulsar definitivamente políticas de debida diligencia. Esto es, compromisos concretos por los que los estados exijan a sus empresas que operan en el exterior que se respeten los derechos humanos y ambientales en los países en los que están presentes.
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Si bien, el 14 de diciembre, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para implementar una legislación en este sentido, este 9 de febrero, ante el bloqueo de Alemania, que anunció su abstención, la UE anunció que, por ahora, se aplaza la toma de una decisión definitiva.
Una lacra estructural
Ante este parón, la red CIDSE (que incluye a numerosas ONG de desarrollo católicas, siendo su representante en España Manos Unidas) y la COMECE (Comisión de Conferencias Episcopales de la UE) han difundido un comunicado en el que denuncian que “los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente no son eventualidades peligrosas y ocasionales producidas por las empresas; a menudo, son las consecuencias de un sistema económico que antepone el beneficio a las personas y la extracción de riqueza al cuidado del planeta”.
Frente a ello, “la diligencia debida obligatoria en derechos humanos y medio ambiente podría hacerse realidad tras años de esfuerzos de incidencia y de promoción de la sociedad civil, de organizaciones basadas en la fe y religiosas”. Sin embargo, la pelota está en el tejado del Consejo de la UE, que debe “garantizar la adopción de la Directiva sobre la Diligencia Debida en la Sostenibilidad Corporativa para garantizar el acceso a la Justicia para las personas afectadas por los abusos de las empresas”.
De carácter obligatorio
Y es que solo con una “legislación obligatoria” en este sentido, adoptada por el conjunto de “los gobiernos de los estados miembros de la UE”, se dará un paso clave “para hacer frente a los riesgos de amenaza que las actividades empresariales suponen para nuestra familia humana y nuestra Casa común”.
En España, Enlázate por la Justicia, plataforma que engloba a Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES, también se está movilizando estos días para que ningún estado de la UE bloquee una legislación justa y necesaria. Alemania es la principal interpelada.
