Los curas villeros pidieron que el Gobierno no se olvide de los postergados

27/02/2024 | Roxana Alfieri

Reclamaron no dar de baja el financiamiento del Fondo de Integración Socio-Urbana que llega a más de 5 millones de vecinos

“Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados”. Así iniciaban su mensaje, titulado ‘No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares’, los curas que trabajan en los barrios y zonas carenciadas del país, frente a algunas decisiones políticas de la actual gestión.

Se trata de una exhortación concreta, que encuentra en el préambulo de la Constitución Nacional, la justificación del pedido: afianzar la justicia y promover el bienestar general. Puntualizaron que los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado.

Deuda con los postergados

Los curas villeros recordaron que antiguamente las villas no figuraban en los mapas, sino como espacios verdes. “En un momento dado, la sociedad “se desayunó” con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido”, aclararon.

Estimaron que tras el trabajo de relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta.

Asimismo, en medio de tanta deuda con los más vulnerables, reconocieron y valoraron la implementación de las políticas públicas en los barrios populares que posibilitaron crecer en inclusión. De este modo, los vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas.

Reclamo al Estado

“No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos”, expresaron el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina y Hogar de Cristo. Estimaron que es un golpe muy duro bajar el financiamiento del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU) que beneficia a más de 5 millones de vecinos, la mayoría de ellos, menores.

Afirmaron que la intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto sería volver atrás.

“No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social”, expresaron los curas. Y agregaron que, prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza.

Piden, entonces, al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva, confinado en su capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió.