Tras “años de debate y negociación”, 140 organizaciones de toda Europa lamentan en un comunicado que “los estados miembros de la UE han enviado un mensaje claro: no es necesario ningún cambio en la conducta empresarial”. Y es que no han apostado finalmente, como se había anunciado, por la debida diligencia; es decir, por compromisos concretos por los que los estados exijan a sus empresas que operan en el exterior que se respeten los derechos humanos y ambientales en los países en los que están presentes.
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El texto, firmado por la red CIDSE (que incluye a numerosas ONG de desarrollo católicas, siendo su representante en España Manos Unidas) o por la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que forma parte Enlázate por la Justicia (Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), deplora lo ocurrido ayer, 28 de febrero, cuando “el Consejo de la UE no respaldó la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa”, lo que “marca un revés deplorable para la responsabilidad corporativa y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo”.
Por los grandes estados
Como se explica, “el bloqueo se puede atribuir en gran medida a los grandes estados miembros: a la temprana abstención anunciada por la influyente Alemania (orquestada por el socio minoritario de la coalición alemana, el FDP, y enfrentada con la débil resistencia del canciller Scholz) le siguieron otros. Un intento de último minuto de Francia de descarrilar las negociaciones, proponiendo anoche aumentar diez veces el umbral de las empresas, aumentó la incertidumbre para otros estados”.
Una serie de “juegos políticos” que “desafían claramente el apoyo rotundo a la directiva por parte de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos individuales”. Y es que, “sin una legislación vinculante de la UE sobre responsabilidad corporativa, los gobiernos nacionales no abordan los impactos sobre los derechos humanos, la explotación de los trabajadores y los impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y ecosistemas naturales vinculados a las operaciones corporativas”.
Una señal de luz verde
Para las 140 organizaciones críticas, “se trata de un desgarrador fracaso por parte de los gobiernos de la UE a la hora de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, así como “una señal de luz verde a las empresas imprudentes de que pueden seguir alimentando las crisis climática y ecológica para obtener beneficios empresariales”.
Ahora se da por hecho que habrá que esperar hasta que se configure un nuevo Parlamento Europeo tras los comicios continentales de junio. Y eso que parecía que el compromiso de sacar adelante esta legislación en esta legislatura era firme. Fue el pasado 14 de diciembre cuando el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para implementar la debida diligencia, pero ya este 9 de febrero, ante el bloqueo de Alemania, que anunció su abstención, la UE aplazó la toma de una decisión definitiva.
Consecuencias sistémicas
Ante ese primer parón, CIDSE y la COMECE (Comisión de Conferencias Episcopales de la UE) ya difundieron un comunicado en el que denunciaban que “los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente no son eventualidades peligrosas y ocasionales producidas por las empresas; a menudo, son las consecuencias de un sistema económico que antepone el beneficio a las personas y la extracción de riqueza al cuidado del planeta”.
Frente a ello, “la diligencia debida obligatoria en derechos humanos y medio ambiente podría hacerse realidad tras años de esfuerzos de incidencia y de promoción de la sociedad civil, de organizaciones basadas en la fe y religiosas”. La pelota quedaba en el tejado del Consejo de la UE, que debía “garantizar la adopción de la directiva sobre la diligencia debida en la sostenibilidad corporativa para garantizar el acceso a la Justicia para las personas afectadas por los abusos de las empresas”. Pero no ha sido así.
Y eso que solo con una “legislación obligatoria” en este sentido, adoptada por el conjunto de “los gobiernos de los estados miembros de la UE”, se daría un paso clave “para hacer frente a los riesgos de amenaza que las actividades empresariales suponen para nuestra familia humana y nuestra Casa común”.
