Con el fin de poner la lupa en los argumentos de quienes defienden que la Agenda 2030 es “anticatólica”, acudimos a los puntos, a su juicio, más críticos:
El ODS 13 reclama “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Los negacionistas católicos del deterioro del planeta creen que el fin último de este propósito es “divinizar la Tierra y desplazar a Dios”. Francisco, en ‘Laudato si’’, ‘Laudate deum’ o en sus múltiples intervenciones sobre la cuestión (incluido su mensaje en la reciente Cumbre del Clima de Dubái, a la que al final no pudo ir por motivos de salud), defiende que el hombre ha sido señalado por Dios para “cuidar” la creación y no para “esclavizarla”.
Además de compartir con la Agenda 2030 la denuncia de que “la crisis climática no va a parar” si “la comunidad internacional rehúye el compromiso necesario para revertirla”, el Papa clama constantemente contra la “injusticia climática”; esto es, las naciones más pobres, y por tanto menos responsables del consumo acelerado que provoca el calentamiento global, son las que más sufren sus consecuencias.
Los detractores de la Agenda 2030 argumentan que esta se impone de un modo uniforme sobre la soberanía de cada nación, pero, más allá del compromiso ante la comunidad internacional por promover todos los derechos humanos suscritos en el acuerdo, cada Estado decide en última instancia sobre sus políticas internas, prevaleciendo siempre sus propias constituciones u ordenamientos jurídicos. Clara muestra de ello es que la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprobaron en 2015 tras no cumplirse, precisamente, con los Objetivos del Milenio (ODM), fijados en el año 2000.
A nivel eclesial, Francisco defiende constantemente la “diversidad” de las naciones. El pasado 3 de julio, en un discurso a la FAO, reiteró a la agencia de la ONU que promueve la alimentación y la cultura, que “debemos ser muy cuidadosos y respetuosos con las comunidades locales, con la diversidad cultural y las especificidades tradicionales, que no pueden alterarse ni destruirse en nombre de una idea miope de progreso que, en realidad, corre el riesgo de convertirse en sinónimo de ‘colonización ideológica’”.
Del ODS 5, que busca “la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, emanan nueve metras concretas. La 5.6, la que más críticas levanta en algunos ambientes católicos, pide “asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos”. Algo que también se apunta en el ODS 3 y, concretamente, en la meta 3.7, donde se defiende “la planificación de la familia”. La Santa Sede, cuando en 2016, tras respaldar el acuerdo, expresó sus “reservas”, estas se centraron en el hecho de que, aunque no se citan expresamente, se entiende que se validan el aborto y el uso de los anticonceptivos, sobre los que la Iglesia es clara en su rechazo. Otra cosa es que, como ya se ha comentado, cada Estado mantiene su soberanía nacional y, de hecho, muchos cuentan con legislaciones restrictivas en este sentido.
Esa mención del “empoderamiento”, que se da “a todos los niveles”, para algunos se refleja en una validación de la elección del género, básica en la llamada ideología de género. Pero también aquí hay matices. Y es que, aunque en la Iglesia, la transexualidad, como la homosexualidad, no son prácticas aceptadas, Francisco pide no rechazar a la persona y poner en el centro su dignidad.
En determinados ambientes críticos, la Agenda 2030 es una especie de luz verde para los migrantes. Pero, tal y como se plantea en los ODS 1, 2 y 16, que tratan que hacer frente a la pobreza y el hambre, buscando la paz, la justicia e instituciones sólidas, se trata precisamente de fortalecer el derecho a no emigrar.
¿Cómo? Siguiendo muchas de las metas concretas, como las que reclaman “garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo” (1.a); “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños” (16.2); “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (16.3) “reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas” (16.4) o “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” (16.6). Todas estas buenas prácticas son defendidas en el magisterio eclesial.