La UE apuesta al fin por la directiva de diligencia debida, aunque con “concesiones de última hora lamentables y desoladoras”

15/03/2024 | Miguel Ángel Malavia

La Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que forma parte Enlázate por la Justicia, lamenta que la directiva solo se aplicará a menos del 0,05% de las multinacionales

Dos semanas después de que el Consejo de la Unión Europea (UE) no respaldara la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa, esta ha salido finalmente adelante este viernes 15 de marzo gracias al empuje de la Presidencia belga, que ha conseguido aunar la voluntad de los estados miembros. Eso sí, como advierte en un comunicado la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que forma parte Enlázate por la Justicia (Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), estamos ante un paso insuficiente, pues ha habido “concesiones de última hora lamentables y desoladoras”.

Por un lado, PER aprecia que “este respaldo político es una decisión histórica” a la hora de regular la responsabilidad de nuestras empresas que operan fuera para que “respeten el planeta y los derechos de quienes se ven afectados por sus operaciones”. Pero, al mismo tiempo, “los cambios de última hora debidos a maniobras políticas de varios estados miembros y grupos de presión empresariales han diluido aún más un acuerdo político que ya no cumplía plenamente las normas y expectativas internacionales”.

“Aún queda mucho por hacer”

Así, la realidad es que, “lamentablemente, la directiva solo se aplicará a menos del 0,05% de las empresas y actividades empresariales de la UE que suelen entrañar riesgos para el medio ambiente y los derechos humanos”. Amaya Acero, coordinadora de la PER, admite en una nota que estas “preocupantes rebajas del texto” evidencian que “aún queda mucho por hacer para garantizar” que la diligencia debida “se convierta en un instrumento eficaz para salvaguardar los derechos humanos y el medio ambiente”.

Así, se comprueba que, tras “un movimiento de última hora de Francia”, “se han introducido enormes y perjudiciales recortes en el acuerdo político alcanzado con el Parlamento el pasado mes de diciembre”. Además, se recuerda que “el texto acordado hoy por el Consejo aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo”.

Maniobra de la Francia de Macron

Sobre la maniobra de la Francia de Macron, se explica que ha salido adelante su propuesta de “reducir el ámbito de aplicación, elevando los umbrales de 500 empleados a más de 1.000 de media, y de 150 millones de euros a 300 millones, alcanzando finalmente los 450 millones de facturación. También se ha aceptado “suprimir los sectores de alto riesgo, como el textil y la construcción, que incluirían a las empresas más pequeñas, con 250 empleados y un volumen de negocio de 40 millones de euros”.

Este cambio “es aún más escandaloso si se tiene en cuenta que la propuesta inicial de la Comisión Europea habría abarcado solo el 1% de todas las empresas de la UE”. Mientras, la estimación de la PER “es que disminuye el número total de empresas de la UE cubiertas por la Directiva de 16.000 a menos de 5.500”. Por tanto, “más del 70% de las empresas incluidas en el acuerdo político de diciembre de 2023 no tendrían que rendir cuentas por los daños causados a las personas y al medio ambiente”.

El mensaje es claro

Hace solo dos semanas, cuando, el 28 de febrero, llegó el último portazo del Consejo de la UE a la directiva de la diligencia debida, 140 organizaciones de toda Europa lamentaron en un contundente comunicado que “los estados miembros de la UE han enviado un mensaje claro: no es necesario ningún cambio en la conducta empresarial”.

Dicho texto, firmado por la red CIDSE (que incluye a numerosas ONG de desarrollo católicas, siendo su representante en España Manos Unidas) o por la propia PER, condenó lo que entendía que era “un revés deplorable para la responsabilidad corporativa y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo”.

Ahora, pese a que ha habido un acuerdo, la sensación de malestar se mantiene entre las decenas de organizaciones (muchas de ellas, eclesiales) que, en Europa, quieren que se exija una responsabilidad real a nuestras empresas que operan en el extranjero.