Una declaración titulada ‘Las confesiones religiosas frente a la realidad del país: un llamado a la paz’ han firmado 11 máximos dirigentes de 11 confesiones, quienes “estiman oportuno hacer llegar a la comunidad nacional algunas reflexiones acerca de la realidad que vive el país”.
La inician con un severo diagnóstico social y político en el que observan “el grave deterioro que se ha producido desde hace algunos años en nuestras relaciones cívicas, que afectan seriamente la capacidad de buscar soluciones justas y oportunas a las dificultades que enfrentamos. Un malestar muy generalizado recorre las distintas instancias de la vida nacional, que apreciamos va en aumento, lo que provoca una crispación en los ánimos de las personas y grupos sociales y hacen difícil la comprensión y el diálogo, elementos esenciales de una verdadera democracia, como la que todos deseamos”.
Otro “grave problema” que señalan es “la inseguridad a que se ha visto enfrentada la ciudadanía, que afecta a todos los sectores sociales sin distinción, es un flagelo de consecuencias impredecibles”. Agregan que “el desprecio por la vida, el atropello a la propiedad privada y a las leyes se ha convertido en algo habitual. La expansión de la droga y la presencia del crimen organizado, no conocido en Chile, está destruyendo los elementos esenciales de la vida ciudadana y en particular nuestros barrios, familias y nuestra juventud”.
Otro “motivo de grave preocupación” que señalan es “comprobar los innumerables casos de corrupción que han afectado de manera transversal a diversas instancias públicas y privadas, con escándalo de los ciudadanos, por el mal ejemplo y la deshonestidad, precisamente de aquellos que tienen un particular compromiso con el bien común. Es especialmente grave que estos hechos ocurran con los recursos públicos, que pertenecen a todos los chilenos y están destinados a dar solución a los graves problemas sociales que nos aquejan”.
A estas situaciones sociales, los líderes religiosos agregan otra política en la que señalan que “ha quedado de manifiesto, la incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos sobre temas esenciales, como las pensiones para el justo beneficio de los más necesitados; la tercera edad. Los resultados de los dos procesos constituyentes son una prueba de nuestros desencuentros. El ya habitual incumplimiento de las normas más elementales de convivencia es una de las consecuencias más graves de este proceso, que tiene efectos desintegradores para la convivencia cívica y el progreso”.
Ante esta situación del país, que consideran de graves consecuencias, los líderes de las confesiones religiosas firmantes de la declaración afirman que “el país requiere dar un paso decisivo hacia una verdadera política de acuerdos y consensos, hacia un acuerdo nacional, que, dejando atrás visiones particulares, mire de verdad a Chile y se aboque a resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que enfrentamos. Estamos dispuestos a colaborar, desde nuestra perspectiva, a este gran objetivo” aseguran.
Concluye la declaración reconociendo que los muchos momentos de crisis en la nación han sido “un acicate para el progreso, la superación y una gran oportunidad para expresar, en los hechos y de verdad, nuestro amor a Chile y a sus habitantes. Nuestras comunidades siempre han estado presentes para asistir y aliviar a los afectados por las emergencias, como recientemente en el caso de los incendios y seguiremos haciéndolo. Llamamos a todos a volver a las sendas del entendimiento y comprensión entre nosotros y trabajar por el progreso”, piden.
Concluyen afirmando que llaman a todos los ciudadanos, “a quienes tienen el privilegio y la obligación de legislar, de todos los sectores sin distinción, sin tener por delante otro norte que el amor a Chile, la casa común y la Patria que el Creador nos ha regalado, donde hay un lugar para cada uno y donde todos tenemos una misión y un camino”.
Firman la declaración Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile; Sergio Abad, arzobispo ortodoxo de Chile; Héctor Francisco Zavala, arzobispo primado de la Iglesia Anglicana en Chile; Emiliano Soto, representante protocolar de las Iglesias Evangélicas ante el Estado de Chile; Héctor Cancino, presidente de la Plataforma Evangélica Nacional (PLENA); Sergio Velozo, obispo presidente de la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile; Francisco Javier Rivera, obispo director de la Comisión Legal Evangélica; Eduardo Cid, obispo vicepresidente de la Mesa Ampliada UNE-Chile; Eduardo Waigortin, rabino presidente de la Comunidad Judía de Chile; Samuel Szeinhendler, rabino presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana de Chile; y Fuad Musa, presidente del Centro de Cultura Islámica de Chile.