La Comisión alertó sobre la fractura social
Nuevamente la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, mostró su preocupación por los informes que reciben de distintos sectores y que manifiestan cómo la crisis afecta a distintos grupos de la comunidad.
Señalaron que la pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso. Afecta a las cámaras empresariales de la construcción quienes declararon el Estado de Emergencia por el futuro de más de 1400 empresas y 200 mil empleos por la paralización de la obra pública. Según informan, ya se perdieron 60 mil puestos de trabajo.
En el área del comercio cayeron las ventas minoristas y se registró retracción en farmacias, alimentos y bebidas. También cayó el índice de producción industrial, y el sector automotor se paralizó. La agricultura familiar, la producción agrícola y ganadera está desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte del Estado porque el transporte no recorre las zonas de producción.
Los miembros de Justicia y Paz señalaron también la baja generalizada de consumo y el deterioro del poder adquisitivo, debido a la inflación y los aumentos en precios y tarifas, como así también la pérdida del salario real, con la consecuente recesión.
El organismo advirtió sobre la situación sobre el sector previsional por la “gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”.
Opinaron que los recortes en los ámbitos de gestión están creando problemas que ponen en riesgo derechos elementales como educación, salud y alimentación. Especificaron la situación de los comedores que viven una situación apremiante porque al aumento de asistencia en los comedores se suma la provisión de alimentos.
Otro punto que señalaron fue el del clima social. Para ellos, más allá del apoyo de los sectores de bajos ingresos hacia la actual gestión, alertaron sobre una eventual fractura social y la polarización que se visualizan sobre todo en las redes sociales. “Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”, indicó Justicia y Paz.
Agregaron que también hay tensión con los movimientos populares y los sindicatos por la destrucción de puestos de trabajo y los beneficios congelados o de difícil acceso. Se incrementa el malestar porque se mantienen los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas.
Ya en enero, la Comisión Nacional de Justicia y Paz había advertido sobre la calidad institucional después de que el Ejecutivo propusiera las “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, con modificaciones en más de 70 áreas. Si bien muchos artículos fueron cuestionados y judicializados, algunos se encuentran vigentes y afectan particularmente a las familias de menores ingresos. “Creemos que la metodología adecuada para la implementación de modificaciones y reformas –en muchos casos atendibles- pasa por un trato específico en el ámbito correspondiente a través de leyes que se envíen al parlamento argentino”, sentenciaron.
El pasado 1° de marzo, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a un “Pacto de Mayo”, con una agenda establecida y cuya tramitación está subordinada a la sanción de ciertas normativas por parte del Congreso.
El organismo eclesial reafirmó que todo camino de diálogo es constructivo, pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, con la inclusión de todos los actores sociales..
Consideraron que es urgente devolver a la política su carácter como una de las “formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común” . El accionar político “debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la eliminación del hambre y la exclusión. No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”, estimaron.
Finalmente, expresaron su preocupación y reiteraron su disposición para el diálogo que facilite “la construcción de los acuerdos necesarios para el desarrollo de una Argentina inclusiva, próspera y en paz”.