Hasta 120 entidades religiosas y sociales de República Dominicana y de carácter internacional (entre otras figuran la Conferencia Dominicana de Religiosos, los Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas, la Red CLAMOR, el Instituto Bartolomé de las Casas o la Red Jesuita con Migrantes) han publicado un comunicado conjunto en el que denuncian la última vulneración de los derechos humanos contra población local de origen haitiano en la región de El Seibo.
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Concretamente, se lamenta que, “desde las dos de la madrugada del pasado 15 de marzo, militares y agentes de la Dirección General de Migración (DGM) incurrieron de nuevo en prácticas ilegales e injustas contra familias inocentes en Villa Guerrero para realizar supuestas deportaciones de haitianos”.
Paras las entidades firmantes, “es evidente que se están violando los derechos fundamentales de estas personas, quienes están siendo apresadas para ser expulsadas del país sin agotar el debido proceso administrativo y, aún peor, están siendo sometidas a violencia y maltrato, generando un clima de temor y vulnerabilidad. Las imágenes y testimonios que hemos recibido muestran un trato inhumano y degradante hacia estas personas que, independientemente de su origen o situación migratoria, como personas, tienen derecho a un trato humano y digno”.
Prácticas discriminatorias
Concretamente, explican que tienen documentados situaciones de “maltrato a menores y mujeres embarazadas”. Lo que genera una honda indignación, pues “es inaceptable que, en pleno siglo XXI, se perpetúen prácticas discriminatorias y violentas contra grupos de migrantes o de ascendencia extranjera”.
Como se concluye en el grito de denuncia conjunto, “la falta de un proceso administrativo previo para evaluar individualmente cada caso y garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas es una flagrante violación de los principios básicos de justicia y equidad”. Y mucho más cuando se incurrió en “abusos”, aprovechando los agentes para “robar a las familias teléfonos y documentación”, en un contexto de “violencia, pillaje y desorden”.
Desde la exigencia a las autoridades de “poner fin de inmediato a estas prácticas violatorias de los derechos humanos y que garanticen procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas”, se pide expresamente al presidente de la nación, Luis Abinader, “que ordene el cese de estas prácticas, muchas veces encaminadas a la extorsión y al hurto” contra “los más débiles de la sociedad dominicana”.
