Este 5 de abril, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y Cáritas se han dirigido a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados para pedirles que tomen en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una regularización extraordinaria de las personas extranjeras que residen en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 y que viven en situación irregular. Un volumen de la población que en su mayoría está trabajando y que se estima en medio millón de personas.
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Se trata de una ILP respaldada con las firmas de más de 700.000 ciudadanos, por lo que, como demandan las entidades eclesiales en un comunicado, “ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada”. Lo que se ha traducido en una ILP y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados”.
Un momento crucial
Sin embargo, “esta ILP se encuentra en un momento crucial”. Y es que, “el próximo martes 9 de abril, los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella”. Como reiteran la CEE, CONFER, REDES y Cáritas, el mínimo exigible es que se tramite. Si no, “resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular”.
En conversación con ‘Vida Nueva’, el misionero claretiano Miguel Tombilla, presidente de la Fundación Proclade, integrada en REDES, reconoce que “el panorama de cara al martes es incierto”. Así, conocedores de la dificultad del proceso, pues la mayoría de formaciones “lo ven todo en clave electoral”, habían propuesto que la toma o no en consideración del Congreso se dilatara unos meses más, para tratar de llegar a acuerdos más concretos, “pero creemos que ha sido el bloqueo de Vox, ya que el PP nos ha negado que hayan sido ellos, el que ha forzado a que se tenga que votar este martes”.
“No es el momento”
En este complejo caminar de cara a este primer y necesario trámite parlamentario, Tombilla explica que, “salvo Vox, al habernos expresado el resto de partidos minoritarios que están a favor de la tramitación y algunos incluso nos han apuntado un compromiso más profundo, estamos concentrando nuestros esfuerzos en hablar con PSOE y PP”. En el caso de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha deslizado estos días que “no es el momento”, pero tampoco ha mostrado un rechazo tajante, por lo que no es seguro el sentido de su voto el martes 9.
En el caso del PSOE, semanas atrás, el diputado socialista Luc André Diof, en su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, explicó que “el marco jurídico de la Unión Europea no permite una regularización de inmigrantes”. Eso sí, matizó, “lo que se permite es lo que estamos haciendo ahora: la reforma del reglamento de extranjería”. Según el presidente de la Fundación Proclade, “hemos constatado en la UE que no hay tal rechazo a la ILP que planteamos”, por lo que también con los socialistas la posición final es incierta.
Una de las más apoyadas
En cuanto al contenido en sí de la ILP, “una de las más apoyadas en la historia reciente de España”, el religioso claretiano pide desterrar “los estereotipos que a veces transmiten los partidos políticos, que insisten en que esto puede ser una puerta abierta al ‘efecto llamada’ (cuando las condiciones están muy detalladas y hacen referencia a quienes ya están aquí) y en focalizarlo todo en la situación que se vive en el Estrecho o Canarias con las pateras, mientras saben perfectamente que el grueso de la inmigración en España llega por Barajas y El Prat, siendo personas que entran como turistas para quedarse y tratar de encontrar un trabajo. De hecho, la inmensa mayoría de este medio millón de personas que planteamos regularizar están trabajando y aportando, aunque estén cobrando en negro. Si su situación estuviera normalizada, aportarían mucho más. Aunque lo esencial de todo es su propia dignidad humana”.
Xabier Parra, director de Sercade, el Servicio Capuchino para el Desarrollo, también perteneciente a REDES, detalla a esta revista cómo, “en las conversaciones que estamos teniendo con PP y PSOE, comprobamos cómo los dos grupos están muy dubitativos. En cuanto a los populares, están situados en su dialéctica de enfrentamiento con el Gobierno y de no apoyar nada, por lo que trasladan que ‘no es momento de dialogar sobre esto’”.
Por vías ordinarias
Sobre los socialistas, “se amparan en que, según ellos, ‘Europa no lo permite’ y, además, aseguran que ya están haciendo procesos de regularización por vías ordinarias. En cuanto a lo primero, es falso. Europa sí lo permite y así lo ha manifestado públicamente la propia comisaria europea de Asuntos de Interior, la sueca Ylva Johhansson. En una respuesta a una representante española, dijo claramente que estos procesos son ‘competencia de cada estado’”.
Otra cosa es que “recordara que hay que hacerlo según la normativa europea, con un procedimiento riguroso y caso a caso. Pero es justamente lo que propone la ILP: que trabajemos en desarrollar este procedimiento”.
Pacto Europeo de Migraciones
Otro argumento que se cae por su propio peso es que bloquea el proceso el Pacto Europeo de Migraciones: lo hemos estudiado al detalle y no dice nada en contra de las regularizaciones de este tipo. De hecho, pide propiciar el acceso de las personas inmigrantes al trabajo. Justo lo que busca esta iniciativa”.
En cuanto a “las regularizaciones ordinarias que defiende el PSOE, les hemos transmitido que las entidades de Iglesia estamos acompañando a la población migrante para lograr regularizaciones por arraigo o formación, pero estas son insuficientes. Existe un bloqueo constante porque hay una revisión muy ardua o problemas de comunicación entre ministerios. Por eso defendemos que esta vía no es incompatible con la regularización extraordinaria. Todo lo contrario”.
Finalmente, Parra apela al diálogo: “El próximo martes ni si quiera se vota a favor o en contra de la ILP… Solo pedimos un respeto a las 700.000 personas que la han apoyado (la comunidad cristiana lo ha respaldado masivamente) y que se tome en consideración para que se pueda trabajar posteriormente toda esa reglamentación y los procedimientos. Nada más”.
