La Iglesia pide al Congreso que acepte debatir una regularización extraordinaria de inmigrantes

05/04/2024 | Miguel Ángel Malavia

Este 9 de abril, los partidos políticos han de decidir si la tramitan para el debate parlamentario

CONFER, CEE, REDES y Cáritas apoyan una ILP que ya cuenta con más de 700.000 firmas

Argüello reclama “acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia”

El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y Cáritas han difundido, este 5 de abril, un comunicado en el que se dirigen a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados para que tomen en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una regularización extraordinaria de las personas extranjeras que residen en nuestro país en situación irregular. Un volumen de la población que se estima en medio millón de personas.

Estas entidades eclesiales, “con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes”, llevan desde 2021 planteando al Parlamento y al Ejecutivo que acometa esta regularización extraordinaria. Un proceso, por cierto, que “ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada”. Lo que se ha traducido en una ILP que ya cuenta con el apoyo de “más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados”.

Un momento crucial

Sin embargo, “esta ILP se encuentra en un momento crucial”. Y es que, “el próximo martes 9 de abril, los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella”.

Como reiteran la CEE, CONFER, REDES y Cáritas, “resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular”. Sobre todo “por la temática tratada, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas”, así como “por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas”.

Una cuestión central

A través de su cuenta de Twitter, Luis Argüello, presidente de la CEE, como ya hiciera en su primera rueda de prensa tras su elección para liderar a los obispos, ha apoyado con fuerza la iniciativa: “El martes 9, se debate en el Congreso la toma en consideración de la ILP sobre regularización de inmigrantes. Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es”.

Para el arzobispo de Valladolid, “sería absurdo que se impidiera este debate. Estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de ‘regulación’ de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar”.

Ya se registró la pasada legislatura

Esta ILP ya se registró la pasada legislatura, pero quedó sin tramitarse ante el adelanto de las elecciones generales a julio. Por eso, ahora se busca que el proceso se ponga en marcha ya en la primera parte de la presente legislatura. En caso de salir adelante, habría un plazo de seis meses para ejecutarla y se beneficiarían de ella los extranjeros que estén en nuestro país antes del 1 de noviembre de 2021.

A falta de que, el martes 9, se conozcan las posturas definitivas de todas las formaciones, estas semanas se han mostrado a favor de la medida Sumar, ERC, Bildu, BNG y PNV, mientras que Vox se ha manifestado radicalmente en contra y el PP ha deslizado que “no es el momento”.

Impedimentos de la UE

Por su parte, el PSOE, principal partido de la coalición gobernante, ha mostrado sus dudas. Lo hizo, semanas atrás, el diputado socialista Luc André Diof, en su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, explicó que “el marco jurídico de la Unión Europea no permite una regularización de inmigrantes”. Eso sí, matizó, “lo que se permite es lo que estamos haciendo ahora: la reforma del reglamento de extranjería”.