El Gobierno ya tiene lista una batería de medidas legales y administrativas para que la Iglesia indemnice a las víctimas de abusos. A la par que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, saluda al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, desde Moncloa se ultimaban los detalles para llevar al Consejo de Ministros “en las próximas semanas” lo que podría denominarse como “un plan de choque” para dirigir las medidas de reparación integral de obispos y congregaciones religiosas.
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Así al menos lo define y desvela El Periódico de España, en una información firmada por los periodistas Cristina Gallardo e Iván Gil, en la que se pone la mirada especialmente en que “la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general”.
Más allá de la prescripción
En el borrador del plan se sumarían diferentes iniciativas, tal y como recoge El Periódico de España, “para permitir el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”.
Además en el borrador se subraya que Moncloa quiere poner en marcha un órgano mixto entre el Estado y la Iglesia para coordinar las indemnizaciones de los casos prescritos o en los que el abusador haya muerto, así como dar “estatus jurídico” a las víctimas. Ambas propuestas emanan del informe del Defensor del Pueblo y coinciden con las peticiones manifestadas en estas últimas semanas por la asociación Infancia Robada.
Totalidad o parte sustancial
En el borrador del Gobierno, también se deja caer que la Iglesia debería hacerse cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. A la vez, también contempla que sea el Estado quien asuma las indemnizaciones si se encontraran ante un muro eclesial.
Lo cierto es que tanto congregaciones como diócesis han llevado a cabo procesos de reparación integral en casos determinados, sin que haya hasta la fecha unos criterios comunes. Esta situación buscaría solventarse con el plan de reparación integral que se está fraguando en la Conferencia Episcopal Española, con una futurible comisión de expertos independientes para verificar caso por caso y establecer las indemnizaciones correspondientes. Con este proyecto todavía en el aire, ahora el Gobierno busca promover otra sistema de compensación con otro organismo paralelo. ¿Se solaparían ambos proyectos? ¿Cómo dar salida a ambas propuestas? ¿Cuál tendría legitimidad?
