Las víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia han respondido al plan propuesto por el Gobierno para indemnizarlas en aquellos casos que hayan prescrito, sean antiguos o no hayan aportado pruebas suficientes. Sin embargo, las reacciones han sido dispares.
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“Esperamos que la tolerancia hacia el papa Francisco y la política que quiere iniciar el arzobispo de Madrid (José Cobo) y parte de otros obispos tenga mayor peso y que la Iglesia haga los deberes que no ha hecho de forma urgente, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que están sufriendo. Ya es hora de que se plieguen y hagan lo que tienen que hacer que es atender a sus víctimas”, ha asegurado el miembro fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, en declaraciones a Europa Press.
En este sentido, ha explicado que, a su juicio, hay que unificar los criterios de la Iglesia con los del Gobierno. “Aquí no estamos nunca hablando de números, estamos hablando de personas”, ha afirmado. Cuatrecasas ha valorado “positivamente” el plan que ha aprobado este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros.
“Graves lagunas”
Por su parte, Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Monserrat, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el plan del Gobierno es “descafeinado”, con “graves lagunas” y que “beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”.
Hurtado ha señalado que las medidas del Ejecutivo consagran el “rescate económico” a los obispos y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a participar en un plan estatal de reparación, “será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”. “Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos”, ha apuntado.
Igualmente, ha recalcado que con este plan del Gobierno “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescritibilidad civil de las indemnizaciones”. En esta línea, ha expuesto que el Gobierno propone una “mínima” ampliación del plazo de prescripción civil, que “deja a la mayoría de las víctimas de pederastia clerical en la estacada”.
También ha criticado que el Ejecutivo se “niega” a establecer un baremo específico de indemnización para las víctimas de pederastia clerical, como hizo el gobierno irlandés. “El único baremo de indemnización que hay en España es el de tráfico, que infravalora el daño y, por tanto, la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho. El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”, ha apuntado.
Finalmente, ha subrayado que el Gobierno se niega a impulsar garantías de no repetición, como la imprestituibilidad penal, “para que en el futuro los pederastos puedan pagar la presión sin poder alegar el privilegio que su crimen está prescrito”.
Los obispos denuncian un “señalamiento público”
Por su parte, los obispos españoles contestaron dos horas después de que Bolaños compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de estos cinco ejes en los que trabajan: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
El Episcopado señalaba en su texto que “la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone”. Sin embargo, consideran que “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. Por eso, “no podemos aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, aseveran
