Santos Abril persigue las “quejas” de “abuso espiritual” en el Verbo Encarnado

El cardenal Santos Abril, comisario pontificio del Verbo Encarnado, no da tregua como altavoz de las irregularidades detectadas en este instituto que lleva más de tres décadas intervenido por la Santa Sede. Se calcula que hoy cuenta con más de 150 presencias en 44 países y cerca de un centenar de diócesis, sobre todo en lugares de especial dificultad como Gaza o Ucrania.

• WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
• PODCAST: Acompañar a los ‘influencers’
• Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

Así lo expresa en una nueva carta fechada el pasado 18 de diciembre, a la que ha tenido acceso ahora ‘Vida Nueva’. En ella, no solo da cuenta de la reestructuración territorial y relevo de cargos en el consejo general de la entidad, sino que ahonda en algunos problemas que parece arrastrar. Ya en un documento fechado hace un año, el purpurado español prohibió nuevas fundaciones ante la existencia de “un gobierno en la sombra” que desoía sus directrices, además de corroborar una lista “interminable” de actuaciones “ilegales”.

El cardenal detalla ahora que “siguen llegando quejas” de “abuso espiritual”, en especial de los formandos. Así, expone que “sin entrar en las distinciones entre abuso de conciencia, de poder y espiritual, mirado desde la óptica del victimario, el abuso espiritual es una clara deformación de su rol propio, que es la salvación de las personas a través de su cuidado”. Luego, advierte que “revestirse indebidamente de la autoridad divina para utilizarla con fines ilegítimos es una forma de suplantación”. “El carácter absoluto de la autoridad suplantada, la divina –apunta Abril–, hace que sea una forma particularmente grave de violación del oficio concedido”.

Libertad y obediencia

El comisario recuerda a los responsables del Verbo Encarnado que deben reconocer “la debida libertad” en la dirección espiritual y que a nadie se le puede imponer un confesor. Además, subraya que la obediencia religiosa no es “de conciencia, sino solo de voluntad”. Y remite al Código de Derecho Canónico y al Catecismo para ahondar en la normativa vigente vinculada al abuso de poder y de conciencia.