Lulacris, Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative y la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra (AVA) dan un paso al frente para visibilizar su apoyo al plan promovido por Moncloa para reconocer, prevenir y reparar e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
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A través de un comunicado lanzado hoy, anuncian que han “conformado un frente común” con el fin de “aplaudir las medidas adoptadas por el Gobierno”. Aun reconociendo la hoja de ruta del Ejecutivo de coalición, las entidades plantean la necesidad de que “sus resultados deberían ampliarse a todos las víctimas de todos los ámbitos”.
Las mismas secuelas
El colectivo recuerda que “todos son niños o niñas que han sufrido las mismas secuelas y los mismos traumas”. Por ello, reclaman que la reivindicación que vienen realizando de un estatuto de víctimas de abusos, junto a otras iniciativas, sean “igualitarias”. “Sean del ámbito que sean”, insisten. “Estamos comprometidos con las víctimas de todos los ámbitos, para nosotros lo mismo es que un niño sea abusado en un ámbito que en otro”, remarcan. De hecho, se muestran “seguros y seguras de que lo aplicado en el ámbito eclesiástico puede ser trasladado al resto de ámbitos, y en concreto al intrafamiliar, al deportivo y al de boy scouts”.
Las cuatro asociaciones subrayan que, “como siempre, hemos querido y reivindicado, se implemente un modelo similar para reconocer, reparar, acompañar e indemnizar al resto de seres humanos quebrados en su estabilidad social y emocional a consecuencia de las terribles secuelas que ocasionan estos delitos”.
Atroz y sangrante
En este contexto, expresan además su deseo de que “la Iglesia no utilizase este argumento para dilatar el proceso del informe, muy encaminado ya, del Defensor del Pueblo, por cuanto creemos que las medidas que salgan de dicho proceso servirán para mejorar no solo la vida de las víctimas de la iglesia, sino del resto de ámbitos”. “En ese sentido, queremos recalcar lo atroz y sangrante que sería el hecho de que la Iglesia oculte sus casos y se ampare en el mal general”, insisten.
En cualquier caso, elogian al Gobierno por lo que consideran “un gran paso adelante” y animan a que, en su redacción final atiendan “las recomendaciones del informe sobre pederastia eclesiástica del Defensor del Pueblo”.
