La diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas denuncia complicidad del Estado ante la crisis de violencia

La diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, dirigida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, denunció el asesinato de seis hombres y cinco mujeres en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, y exigió a las autoridades hacer justicia.

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Se trata -dijo la diócesis a través de un comunicado- de un “cruel y despiadado” crimen, que ocurrió en los propios hogares de quienes “se resistían ante la violencia de los grupos criminales que se disputan la zona”.

Lamentó que muchas personas sufren la violencia desatada por los grupos criminales “y de cara a un Estado Cómplice, que pretende tapar y cerrar los ojos a la sociedad, negando los niveles de violencia en nuestro estado”.

Explicó que las víctimas “se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales a sumarse a sus filas”.

Y agregó: “Nuestros pueblos siguen sufriendo, estamos en medio de una guerra que no tiene fin, y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana, muchas comunidades han quedado vacías por las amenazas, asesinatos y desapariciones, nos han infundido el miedo y el terror, apoderándose de nuestra tierra y territorio sin que el Estado haga algo por garantizar la vida y la seguridad de los pueblos”.

“Es inconcebible la falta de acción de las autoridades”

Entre las situaciones que denuncia la Diócesis de San Cristóbal se encuentran los asesinatos “que han quedado en la impunidad”, los cientos de desaparecidos, la omisión del Estado frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos; el despojo de bienes materiales y naturales de que están siendo víctimas las comunidades y los pueblos.

Asimismo, el secuestro de comunidades y pueblos por los grupos delincuenciales, “obligándolos a sumarse a sus filas y condicionándolos para permanecer en sus casas”; la presión y control social de los grupos criminales; el cobro de “derecho de piso y de paso”; el saqueo y explotación minera que ha llevado al asesinato de personas inocentes que “cuidan y defienden la madre tierra”; el proceso electoral manipulado por el crimen organizado y el hostigamiento, amenazas e intimidación “por nuestra labor pastoral en la construcción de la paz y la exigencia de justicia ante tanta abominación”.

La diócesis responsabilizó del asesinato de las 11 personas “a los tres niveles de gobierno… por su omisión ante la realidad que se ha venido denunciando…”.

“Es inconcebible la falta de acción de las autoridades habiendo presencia del ejército, guardia nacional y policía estatal en la región”.

En ese sentido, pidió el desarme inmediato de los grupos criminales, el retorno de las personas desplazadas a sus comunidades, el restablecimiento del orden social, la recuperación del territorio para los pobladores, el restablecimiento de servicios como la educación, la salud y el libre tránsito, entre otros aspectos vulnerados por los grupos criminales.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad civil a no perder la esperanza y no permitir que la guerra entre los grupos criminales “nos lleve a confrontarnos como pueblo, la guerra no es entre nosotros, nosotros somos víctimas de esta violencia… Abrazamos el corazón y animamos la esperanza de nuestros pueblos sufrientes, que la sabiduría de Dios nos descubra caminos de paz y justicia para todas y todos”.