9 millones 780 mil peruanos – 29% de la población – se encuentran en situación de pobreza. Es el dato que ha revelado el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEL) de este país.
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Por ello, Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia de obispos de Perú y arzobispo de Trujillo, hizo un llamado a todos los sectores sociales y políticos del país a vencer la indiferencia ante la pobreza, porque de lo contrario, esto “equivale a ser cómplice de la injusticia y el sufrimiento de nuestros conciudadanos”.
“No son números fríos, no; detrás de ellos hay rostros concretos de hermanos nuestros que sufren por la falta de lo necesario para vivir”, sostuvo el prelado. Es una “cruda realidad”, por lo que “como Iglesia no podemos ser indiferentes ni insensibles y menos aún callar”.
Dimensión social y evangélica
Cabrejos aseguró que “el escándalo de la pobreza debería llevarnos a todos a reflexionar y redoblar nuestros esfuerzos para abordarla con eficiencia y eficacia promoviendo el bien común”.
Por supuesto, la dimensión social no está desvinculada del mensaje salvífico, porque “Jesús tuvo una especial preferencia con las necesidades de las personas, y enseñó a sus discípulos que la verdadera esencia de la religión implica cuidar de los más desfavorecidos”.
En el evangélico pasaje de Lucas: “Denles ustedes comer”, se resume una de las principales enseñanzas de Cristo, por ende, “no pueden separarse de la vida cotidiana de los pobres de nuestra querida patria”.
Así pues, el obispo se une al sufrimiento de millones de peruanos afectados por el flagelo de la pobreza, quienes claman por pan, trabajo, salud, seguridad y justicia social. Ha dejado claro que “la justicia social exige no solo dar al necesitado, sino también trabajar por la transformación de las estructuras que generan pobreza”.
Impulsar acciones
El llamado del prelado es a toda la ciudadanía a impulsar “las acciones sociales que ya vienen realizando, en la defensa y promoción de los derechos de los pobres del Perú”.
Asimismo ha pedido a las autoridades “asumir sus responsabilidades y, en colaboración con la sociedad civil, abordar las causas de la pobreza y la desigualdad desde la corresponsabilidad social y la solidaridad”.
Para lo cual será urgente garantizar “la prestación de servicios de calidad en áreas como salud, educación y seguridad social; así como asegurar el acceso equitativo a las instancias de participación ciudadana, especialmente de los más desfavorecidos”.
Tan simple: “Son derechos fundamentales” y, en consecuencia, es una exigencia de dignidad humana. También ha demandado propiciar políticas serias de inversión y de lucha contra la corrupción “para asegurar de esta manera un futuro más digno y con oportunidades de progreso”.
