Ocurrió anoche. En torno a las cuatro de la madrugada. La ex abadesa de las clarisas de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, se presentaba en una comisaría de la Policía Nacional de Logroño para interponer una denuncia contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, “por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal”. La religiosa, que presentó un anexo a la denuncia de más de cien páginas, llegó acompañada por otras dos monjas de la comunidad y el portavoz de la Pía Unión San Pablo Apóstol, José Ceacero. ¿Por qué Logroño? Al parecer, tuvieron que viajar hasta La Rioja, porque aseguran que no encontraron ningún cuartel de la Guardia Civil más cerca que les atendiera.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- PODCAST: Las apariciones de lo cotidiano
- Regístrate en el boletín gratuito
Con esta acción, las consagradas que el 13 de mayo decidieron separarse de la Iglesia católica inician una guerra judicial, apenas unas horas después de que se hiciera oficial el nombramiento por parte de Roma de Iceta como comisario pontificio y del envío de un burofax al convento para notificar esta designación y ordenar la expulsión tanto de Ceacero como del falso obispo Pablo de Rojas, mentor de la comunidad cismática.
¿Fuera de su jurisdicción?
El propio Ceacero ha relatado a las puertas del monasterio que la decisión de las clarisas de romper con Roma de forma voluntaria y exponerlo oficialmente al Arzobispado de Burgos, también a través de burofax, hace que las religiosas “queden fuera de su jurisdicción”. “Ni el señor Iceta, ni Roma, ni nadie, puede imponer el Derecho Canónico, porque el Derecho Canónico, en España, no puede estar por encima del Derecho Civil”, defiende el falso sacerdote como argumento para sostener la denuncia interpuesta contra Iceta.
Con esta premisa, considera que la única representante legal de los conventos de Santa Clara de Belorado y de Derio es sor Isabel, que es quien firma la denuncia con su nombre civil: Laura García de Viedma. “Ninguna confesión ni religión está por encima de la ley civil, y en concreto de la Constitución”, insiste el portavoz de la llamada Pía Unión.
Representante legal
En este sentido, apuntó que “lo que ha hecho el señor Iceta ha sido una usurpación auspiciada desde Roma, una usurpación de la representación legal de las entidades jurídicas monasterio de Santa Clara de Belorado y monasterio de Santa Clara de Derio”. “No han abandonado el convento. Miren el registro de la propiedad y la representante legal es madre Isabel. Iceta está confundiendo a la gente hablando con el Derecho Canónico en la mano. Pero solamente es vigente para aquellos que están bajo su jurisdicción y en el momento que salen de su jurisdicción, con una entidad jurídica, con una representación de personalidad”, añade.
Es más, Ceacero defiende que “las religiosas tienen los títulos de propiedad sobre el monasterio cien por cien”, tumbando la teoría de que los bienes pertenecerían a la Iglesia católica, vía la Federación de las Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, bajo las directrices del comisario pontificio. De esta manera, según el portavoz, las monjas podrían seguir adelante con la venta del convento de Derio a un benefactor interesado del que siguen sin aportar dato alguno.
Sobre la mano tendida del arzobispo de Burgos para buscar un intermediario que hable con cada una de las monjas para superar el conflicto, el portavoz cierra la puerta: “No piensan recibir ni a Iceta ni a ningún enviado”. A la par, asegura que las monjas están contentas y tranquilas y que el ambiente del monasterio es de “total normalidad”.
