Apenas el pasado 27 de mayo se cumplió un año de que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega acusó a la Iglesia católica de ese país de ‘lavado de dinero’, luego de que la Policía Nacional anunciara el supuesto hallazgo de “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas”, en diócesis de distintos departamentos del país.
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En aquel momento, la Superintendencia de Bancos solicitó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, que justificara los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis.
Al no conocerse el avance de la investigación, Vida Nueva consultó con la abogada católica nicaragüense en el exilio, Martha P. Molina, para saber más sobre el desarrollo de esta acusación.
A ese respecto, la abogada destacó que no existe ninguna información al respecto: “lo único cierto es que las cuentas bancarias continúan inmovilizadas de manera ilegal. La Policía Nacional no se ha pronunciado respecto a la supuesta investigación que están realizando desde hace un año, y todo parece indicar que el dinero se lo robaron y ya debe de estar siendo utilizado para la represión”.
Gobierno cerrado a la negociación
En aquel momento, se supo también del bloqueo de cuentas bancarias de varios sacerdotes de diferentes diócesis, lo que estaría relacionado con la acusación del gobierno sobre ‘lavado de dinero’; a ese respecto, se le preguntó a Molina sobre si el gobierno incautó dicho dinero y dónde podría estar ahora.
A la interrogante, contestó: “En el Sistema Judicial no existe ningún indicio de acusación formal, como debería de ser si existiera democracia e institucionalidad en el país. En Nicaragua no existe división de poderes, por lo tanto, el Poder Judicial no se somete a lo que establece la Constitución Política y las leyes en el país, sino que solo acatan las órdenes que emanan del dictador Daniel Ortega, y su consorte”.
Respecto a su opinión sobre la intención que tuvo el gobierno al acusar de ‘lavado de dinero’ a la Iglesia, Molina expresó: “Al señalar a la Iglesia de ‘lavar’ activos, la dictadura pretende someter en miedo a los clérigos y silenciarlos para que no continúen denunciando todas las arbitrariedades que se cometen diariamente”.
Finalmente, Molina dejó en claro que si en un año no se ha anunciado públicamente nada en torno a los avances de la acusación, de ninguna manera se debe a una negociación entre gobierno y la Iglesia, pues “los dictadores son criminales y no tienen intención de negociar con nadie, menos con la Iglesia católica. La dictadura solo impone sus lineamientos, pero sin otorgar nada a cambio, y el que no se somete puede ser encarcelado, asesinado o enviado al destierro”.
