La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación Víctimas de Navarra (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (LULACRIS) arremeten hoy contra la Conferencia Episcopal en un comunicado porque consideran que no se les está teniendo en cuenta en el plan de reparación integral que está ultimando la Iglesia española.
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En un escrito dirigido al presidente de los obispos, Luis Argüello, y a la Comisión Ejecutiva, trasladan su “malestar” por las declaraciones del arzobispo de Valladolid tras su encuentro con el Papa Francisco. Ante los medios de comunicación, Argüello anunció que el plan de reparación integral a las víctimas estaría listo para el mes de julio. Por ello, estas plataformas dan a entender que no se les ha tenido en cuenta, como sí se les planteó, en “la toma de decisión” a la hora de desarrollar este plan. “A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas”, lamentan.
El cimiento de la transparencia
“Es innegociable, partir desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores, así como un trato individualizado víctima a víctima”, sentencian. De la misma manera, reclaman la creación de un “Estatuto de la Víctima en el orden canónico, no cerrado en un inicio del trabajo a realizar, sino abierto para ir incorporando derechos, si procede, a medida que el trabajo progrese”. De la misma manera, alertan de que la indemnización económica “nunca puede ser considerada como una limosna, forma parte de la reparación y del reconocimiento”. “No vamos a ceder porque lo que pedimos es de derecho”, mantienen.
Las tres asociaciones tiran por tierra en su comunicado la labor de las oficinas diocesanas de atención a las víctimas y aseguran que “la gran mayoría” de estos espacios “no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras”. “Aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas”, llegan a asegurar. Además, apuntan que “muchas de ellas, ni siquiera optaron a este servicio porque no ofrecía confianza ni transparencia”. Incluso las definen como “fracasos ocultos”.
Del silencio a la complicidad
En el comunicado, mantienen que “la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas” con su “silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad”. En este punto, sacan a colación el informe del Episcopado llamado ‘Para dar luz’ que considera “revictimizador y ofensivo”, subrayando “la torpe vulneración de la protección de datos” que tuvo lugar cuando quedaron al descubierto hace unos meses “de forma pública detalles íntimos del relato de las víctimas”.
A la par, critican que “desde la máxima autoridad de la Iglesia en España se siga sacando pecho de todo lo que han hecho respecto a la prevención y protección de las víctimas de pederastia”. Para estas asociaciones, continúa siendo “terriblemente insuficiente” y con “un carácter minimalista, cuando no de absoluta nulidad”.
