Nuevo giro en el periplo judicial de un caso vinculado a un sacerdote de Toledo, acusado de un delito de abuso sexual continuado sobre un alumno del Seminario Menor de la Archidiócesis Primada, unos hechos que, según el denunciante, se habrían producido entre los años 2005 y 2007. Tras ser condenado por la Audencia de León a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó la sentencia el pasado mes de febrero, absolviendo al presbítero. ¿El motivo? Se consideró que durante la fase de instrucción se le privó al sacerdote de manera injustificada de las herramientas a las que tenía derecho para defenderse.
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Ahora después de que el abogado de la defensa recurrieran esta decisión, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se revoque la sentencia absolutoria y que otro juez vuelva a estudiar y valorar el caso. Tal y como ha desvelado hoy el diario El País, el Ministerio Público rechaza que se vulnerara el derecho de defensa del presbítero y solicita que otro tribunal “examine la sentencia dictada” y “dicte la resolución que proceda valorando la totalidad de las pruebas practicadas en el plenario”.
No repetir exámenes periciales
Con este nuevo paso, se dilata un proceso que se inició en 2016 cuando el denunciante interpuso la primera denuncia. La Fiscalía sostiene que “no parece” que “hubiera existido déficit alguno de contradicción y por tanto de indefensión” del denunciado. Para ello, según desvela el periódico, el Ministerio Público argumenta que “el examen de la sentencia de instancia nos sitúa ante una valoración completa, íntegra de las pruebas propuestas en las que todas las partes, por tanto, también la defensa, pudieron interrogar a cuantos testigos y peritos interesaron”. En este sentido, además hace un llamamiento a no repetir ni realizar más exámenes periciales al denunciante, en tanto que “podría producir un riesgo de nueva victimización no deseable si se admitieran sin la debida necesidad”.
Con esta petición de la Fiscalía, ahora el Tribunal Supremo debe decidir si acepta el recurso o confirma la absolución, según recoge el periodista Íñigo Domínguez en El País.
