Las clarisas de Belorado y su falso obispo se niegan a entregar unas llaves del convento en 48 horas

07/06/2024 | José Beltrán

“Las monjas no se van a ir, seguirán allí”, asegura Pablo de Rojas después del requerimiento notarial efectuado por el Arzobispado de Burgos

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Sión, Israel y Myriam de Nazaret, religiosas clarisas de Belorado

Este jueves a las dos de la tarde, una delegación enviada por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, llegaba al convento de las clarisas cismáticas de Belorado con un requerimiento civil y canónico. Según ha desvelado el falso obispo excomulgado Pablo de Rojas a Burgosconecta, el documento entregado a las consagradas incluye una petición directa: que las monjas entreguen unas llaves del convento en dos días. “Las monjas no se van a ir, seguirán allí”, asegura De Rojas, que continúa asesorándolas en su aventura.

Es más, el falso obispo ha detallado el contenido del encuentro de la notaria enviada por Iceta, María Rosario Garrido, con la comunidad. Así, según su versión, habría entregado una carta personal a cada una de las hermanas y después levantó “acta de cómo la han recibido cada una de ellas”.

Burofax sin confirmación

De esta manera, el Arzobispado de Burgos buscaba notificar oficialmente las decisiones adoptadas desde el punto de vista canónico y civil a las religiosas, toda vez que no habían logrado confirmar la recepción del burofax enviado con ese fin la semana pasada y después de conocer que la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, ha interpuesto una denuncia contra Iceta por abuso de poder, usurpación de funciones y violación del derecho de asociación.

Tal y como explicó el Arzobispado ayer, los mediadores enviados por el comisario pontificio, no solo no fueron bien recibidos por la abadesa defenestrada, sino que se llamó a la Guardia Civil para desalojarle. Solo accedió a clausura la notaria civil, mientras que se rechazó la presencia de sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Rodrigo Saiz, apoderado del Comisario Pontificio, y Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico.