El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, tutela las cuentas de las monjas cismáticas de Belorado. Se trata de una de las medidas adoptadas en calidad de comisario pontificio, un nombramiento canónico que, tiene una traslación directa en materia civil, como representante legal de las razones sociales vinculadas a la comunidad de clarisas.
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Así lo desveló ayer la cuenta de Instagram ‘Para dar luz’, en la que las monjas que han abandonado la Iglesia católica para ponerse bajo el paraguas del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas, fundador de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol. “Ante la confusión creada por los medios de comunicación y el propio D. Mario, este último aprovechó para usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado”, relatan a través de redes sociales, en la línea de la denuncia interpuesta contra Iceta, desvelando además que se les habría requerido entregar “hasta las nóminas” al arzobispado.
Medida preventiva
Lo cierto es que la intervención de cuentas bancarias de una institución eclesial por parte de un comisario pontificio es una de las medidas preventivas que puede adoptar el responsable temporal para auditar los fondos y garantizar una gestión saneada en materia financiera y para evitar cualquier movimiento económico sospechoso. Esto no significa, según explican fuentes eclesiales a ‘Vida Nueva’, que se deje a los afectados “sin un euro provocando una situación de asfixia”, pero sí se busca tutelar el manejo de los mismos.
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De hecho, según se deja entrever en el texto que comparten las monjas de Belorado en Instagram, desde el Arzobispado se les habría expresado la voluntad de solventar esta situación coyuntural con una ayuda económica el pasado jueves 6 de junio cuando los mediadores enviados por Mario Iceta se acercaron al convento para abrir un cauce de diálogo y comunicar el procedimiento canónico y civil.
“Ofrecen una ayuda económica, puesto que han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo, y donados por nuestros benefactores”, relatan las monjas en Instagram.
Expulsión de los mediadores
Sin embargo, como ya ha trascendido, la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, y sus hermanas, optaron por expulsar a los mediadores, solicitando incluso la presencia de la Guardia Civil. Tan solo permitieron la entrada a clausura de la notaria civil María Rosario Garrido, que les entregó los requerimientos civiles y canónicos.
Así, argumentan que una de las mediadoras del comisario pontificio, la secretaria federal de las clarisas de Aránzazu, sor Carmen Ruiz, pidió entrar en el convento “todo ello de viva voz, sin documento alguno que lo avale”. “Previa a la entrada al locutorio, ya habían sobrepasado la prohibición de entrar en propiedad privada que figura a la entrada del perímetro del monasterio”, añaden.
Citación eclesiástica
En esta misma linea, apuntan que “ante tales hechos, se conminó a los ”visitantes” inesperados a abandonar las dependencias”. “En el caso del apoderado de D. Mario, fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para conseguirlo”, comentan, en referencia a otro de los mediadores, el abogado Rodrigo Saiz.
A través de la cuenta ‘Te hago luz’, las monjas también comparten una fotografía de la citación realizada por el Tribunal Eclesiástico de Burgos para cada religiosa declare, según ellas mismas explican en sus redes, en relación a un “delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo”.
Contra Iceta
Con esta imagen como referente, las religiosas desmienten que el arzobispo de Burgos esté teniendo “paciencia” en la “gestión de la situación, dándonos tiempo para reflexionar, para dialogar…”. “A día de hoy nos volvemos a ver impelidas a desmentir los extremos en que los medios de comunicación están describiendo la realidad que estamos viviendo”, aseguran en el comunicado.
En este texto defienden la tesis, ya expresada por su portavoz José Ceacero de que, una vez publicado el llamado Manifiesto Católico tendría como “consecuencia automática nuestra exclusión del ámbito de aplicación del Derecho Canónico”.
