España internó en 2023 a 2.085 personas en los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Madrid. Así lo recoge el ‘Informe CIE 2023: Internamiento muteado. Personas cuyo sufrimiento queda oculto a la sociedad’, presentado hoy en Madrid por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
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La entidad de la Compañía de Jesús viene constatando que, desde 1985, los CIE se encuentran entre las herramientas “más aflictivas y represivas” de la política migratoria española (y europea), aunque no sea la más utilizada.
“Parece que las cifras de los últimos 15 años muestran un recurso decreciente al internamiento hasta un umbral relativamente reducido: como si se quisiera ponerle sordina o, en el lenguaje digital, como si se quisiera dejar el internamiento ‘muteado'”, señalan, pues en 2009 la cifra de internos se situaba en 17.203 personas.
Sin embargo, “sigue habiendo personas que sufren el internamiento”. “Por más que el internamiento sea contemplado como la última de una lista de medidas cautelares, ninguna tan lesiva, se recurre a él de modo desproporcionado. Crece la proporción de personas internadas con expedientes de expulsión que el Ministerio del Interior insiste en denominar ‘cualificados’: reflejo de la voluntad de justificar el internamiento haciendo ver que se reserva para quien tiene algún antecedente penal o policial, criminalizando a las personas internadas”, sostienen.
Y continúan: “La desproporción es patente en casos como cuando el delito que ‘cualifica’ la expulsión sea haber conducido un vehículo con el permiso de conducción del país de origen, sin haber obtenido uno español”.
“Un internamiento son sordina”
Según la investigación, liderada por Josep Buades, SJ, entre los 2.085 migrantes internados, 877 solicitaron protección internacional. Por su parte, 64 de los internos eran mujeres y una de ellas fue identificada como objeto de trata. Así, practicadas diez pruebas de determinación de la edad, dos fueron identificados como menores.
Como ponen de manifiesto los datos, solo un 29,73% de las 3.091 expulsiones ejecutadas en España en 2023 fueron desde CIE (919), así como solo un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201). Unas cifras que evidencian la inutilidad de estos espacios.
Por otro lado y siguiendo con las cifras, un 54,82% de las salidas de CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,58% por libertad (870), y el 2,59% por otras causas (53).
Para el SJMJ, estas cifras “transmiten la imagen de un internamiento con sordina: oculto por números que se mantienen relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse más frecuentemente a personas con antecedentes penales o policiales, pero que trunca trayectorias de arraigo, la vida familiar, y su carácter azaroso, injusto, en las personas con acuerdo de devolución”.
Trabas a las entidades sociales
A la vez que denuncian este silenciamiento, los jesuitas también lamentan que haya CIE en los que “siguen poniéndose trabas a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería”.
Precisamente a través del acompañamiento a las personas internadas, el SJM sabe que los CIE presentan “un déficit recurrente e irresuelto en el estado de sus instalaciones, en la precariedad de los servicios (asistencia social, sanitaria y jurídica) y en las constantes situaciones de violencia que se viven en ellos”.
Según detallan, “son lugares en los que las personas internadas sufren vulneraciones de derechos y un trato hostil por parte de la Administración. Hostilidad que también se refleja en la falta de transparencia e información disponible sobre la gestión de estos espacios, lo cual ampara la impunidad de determinadas actuaciones muy controvertidas que afectan a los derechos humanos”.
Es más, “todo esto cuestiona la legitimidad, la proporcionalidad, la idoneidad y la eficacia del internamiento, así como de la propia expulsión, como respuestas de la política de extranjería a la llegada y la permanencia de personas migradas”. “En muchos sentidos pueden y deben calificarse como fracaso”, remarcan en el Informe.
La indiferencia de la clase política
El SJM denuncia que la situación de los CIE preocupen tan poco a los órganos legislativos. “Se constata por la nula referencia a la cuestión en la Comisión de Interior del Congreso en 2023. Tampoco preocupa especialmente a los partidos políticos, cuyos programas electorales para las elecciones generales de 2023 soslayan la cuestión”.
Lo mismo sucede con la sociedad, pues, aunque “hay organizaciones sociales y plataformas ciudadanas que mantienen una agenda de incidencia política, se perciben desinterés e indiferencia sobre la expulsión y el internamiento en la sociedad, en los medios de comunicación y en el estamento político”.
Un año más, el SJM aboga por la supresión definitiva de todos los CIE. En este sentido, “el Nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo exige despertar la conciencia ciudadana, un rearme social frente al uso indiscriminado, extensivo y preventivo del internamiento, de la expulsión, del rechazo en frontera, de la prohibición de entrada, del asilo simplificado y desnaturalizado… que tratan de justificarse con la coartada de las nociones de crisis y de excepcionalidad migratoria”.
Para el SJM, los CIE forman parte de una política “deshumanizadora, de una estrategia de más altos vuelos contra las personas migrantes”. Por ello, “todavía es preciso acompañar, servir y defender a personas internadas en los CIE, porque es pronto para concluir que se acerca el fin del internamiento”.
¿Cuáles son las propuestas del SJM?
El SJM tiene propuestas para todos los actores implicados en los CIE. Por un lado, a los jueces de instrucción y a los demás operadores jurídicos, que “extremen el discernimiento al valorar conforme al principio de proporcionalidad la existencia de condenas o sanciones administrativas previas, otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores, los indicadores de arraigo y los factores de vulnerabilidad”.
A los jueces de control de estancia en los CIE, que “extremen su celo en la protección de los derechos de las personas internadas, investigando a fondo las agresiones denunciadas para determinar qué responsabilidades administrativas y penales deben exigirse”.
A la Dirección General de la Policía, que “armonice las normas de régimen interior y los usos de todos los CIE asumiendo la posición del Defensor del Pueblo en sus numerosos recordatorios de deberes legales, sugerencias y recomendaciones” y que “facilite a la sociedad todos los datos estadísticos relativos a procedimientos de expulsión y devolución, de internamiento, de los CIE y de otros dispositivos empleados en el control de los movimientos migratorios”.
Por su parte, el SJM reclama al ministro del Interior que “replantee el destino de las instalaciones de Algeciras en Botafuegos. Y, de mantener su condición de CIE, a la Dirección General de la Policía que cambie radicalmente el modelo de gestión, limitando la función policial a la vigilancia perimetral y al mantenimiento de la seguridad de las personas internadas y que prestan servicio”.
Así, a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados les pide que “incluyan a los CIE y las condiciones del internamiento en su agenda de control al Gobierno, apoyando sus preguntas en un conocimiento cabal del tema a partir de sus visitas directas, del estudio de las resoluciones de los juzgados de control, de los informes del Defensor del Pueblo y de las entidades de la sociedad civil”.
Por último, el Informe reclama a los medios de comunicación y a la sociedad civil que “se interese por las personas sobre las que pesan órdenes de expulsión y devolución, así como sobre las condiciones de vida y trabajo en los CIE, procurando adquirir un conocimiento contrastado con distintas fuentes: internos, antiguos internos, ONG, la Policía Nacional, los operadores jurídicos, etc.”.
