Los obispos de México, a través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH), cuyo responsable es el obispo de Ciudad Juárez, Guadalupe Torres Campos, pidieron a los gobiernos de México y Estados Unidos respetar el principio de no devolución de migrantes, y expresaron su preocupación ante las últimas políticas migratorias implementadas por la administración de Joe Biden.
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Y es que, el presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada la entrada en vigor de nuevas medidas en la frontera sur de ese país, que implican la prohibición de solicitar asilo a aquellos migrantes que crucen la frontera ilegalmente, una vez alcanzada la cifra diaria máxima de cruces irregulares, que es de 2,500 durante un promedio de siete días.
Ante esas disposiciones, la DEPMH advirtió que esas medidas “dejan a la discrecionalidad de los agentes migratorios de ese país el acceso a manifestar su deseo de solicitar asilo, por lo que, sin mayores formalidades, ni debido proceso, y tampoco sin un estudio exhaustivo sobre la situación particular de cada persona, se permiten deportaciones arbitrarias, sin una garantía para solicitar el asilo“.
Los obispos reconocieron el “derecho de todos los países para gestionar y administrar sus fronteras; sin embargo -dijeron- esto no debe ser pretexto para restringir el derecho que tienen las personas a solicitar asilo y protección internacional”.
Presiones electorales
Tras recordar que el gobierno de México continúa recibiendo a personas deportadas desde los Estados Unidos, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad, pues no existen condiciones para garantizar el respeto a sus derechos humanos, los obispos lamentaron que “la frontera de México con Estados Unidos sigue siendo un espacio de dolor, sufrimiento y peligro para las personas migrantes y con necesidad de protección internacional”.
Hicieron un llamado para que la atención a personas migrantes y refugiadas no se guíe bajo presiones de tiempos electorales o políticos, y la gestión de las fronteras garantice la migración ordenada, segura y regular, “y no debe servir como pretexto para la militarización y arbitrariedades contra las personas en contexto y movilidad”.
Finalmente pidieron a los gobiernos de ambos países anteponer “los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, respetando el principio de no devolución para solicitantes de asilo, la unidad familiar y el respeto a su dignidad, dejándose guiar por la Palabra de Dios, recordándonos que todos somos migrantes”.
