“Hace días que no podemos acceder a varias cuentas bancarias, dado que D. Mario ha tomado el control de las mismas, bloqueando de esta forma el acceso al fruto de nuestro trabajo diario”. Esta es la denuncia que han lanzado hoy las clarisas cismáticas de Belorado a través de su cuenta de Instagram. Tal es la crisis que dicen atravesar en materia financiera que han solicitado colaboración “económica” o “en especie”.
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Después de que el pasado 4 de junio, dejaran de tener acceso a sus cuentas bancarias para que pasaran a ser tuteladas por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio, las monjas relatan ahora a través de sus redes sociales las consecuencias de esta intervención realizada para velar por la gestión de los fondos de la comunidad.
Productos básicos
“Tiene como consecuencia directa -exponen en un post- la imposibilidad de comprar desde los productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de nuestros productos de chocolate, alimento para los animales de nuestra granja doméstica, pago de nóminas y demás pagos para mantener a flote el monasterio”.
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En este mismo texto, insisten que el arzobispo de Burgos “detenta el control de las cuentas corrientes” y “pretende que le solicitemos a él nuestro dinero, lo que supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación”. Por ello, exponen que “nuestros empleados se están viendo impelidos a ir al obispado de Burgos, a reclamar lo que por derecho les pertenece”.
Control habitual
Lo cierto es que es una práctica habitual que, cuando una comunidad o instituto de vida consagrada es intervenida por la Santa Sede a través de un comisario pontificio, máxime cuando se sospecha de una errada gestión, el comisario pontificio controle directamente el patrimonio inmobiliario y financiero para impedir cualquier movimiento sospechoso. Como ya explicaron desde el Arzobispado de Burgos a ‘Vida Nueva’, esta decisión no buscar generar “una asfixia” a quienes habitan en el monasterio.
De hecho, el pasado 6 de junio, entre los mediadores enviados por Mario Iceta al convento de Belorado, se encontraba la religiosa sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, que además era la ecónoma. Su misión aquel día era ponerse a disposición de las monjas cismáticas para coordinar cómo llevar a cabo esta gestión tutelada y facilitarles cuanto necesitaran en materia económica. Sin embargo, ni tan siquiera escucharon a la religiosa, puesto que fue expulsada del cenobio, al igual que el resto de enviados, echando mano de la Guardia Civil.
Declaración pública
Con esta negativa por parte de la comunidad liderada por sor Isabel de la Trinidad, el Arzobispado de Burgos también ha aclarado que todas las nóminas de los empleados de Belorado, así como los recibos referentes a los suministros se seguirán pagando hasta la fecha.
En esta nueva declaración pública de la comunidad cismática, exponen que “no podemos entender que una declaración pública y expresa de abandono de la Iglesia conciliar no tenga el efecto inmediato de nuestra exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico”. De la misma manera, apuntan que “la prudencia no parece haber regido el obrar de las entidades bancarias, que parece haberse guiado más por la confusión mediática que por la lógica y la legalidad vigente”.
Aplicación del derecho
Lo cierto es que desde el Arzobispado de Burgos, habrían aplicado el derecho canónico y con las implicaciones que lleva en materia civil, siguiendo lo estipulado por los acuerdos Iglesia-Estado. Por un lado, a través de la citación del Tribunal Eclesiástico de Burgos ante un posible de excomunión. Por otro, a través de las funciones de del comisario pontificio, que reconoce el derecho civil, convirtiéndole en administrador de todos los bienes pertenecientes a la razón social del Monasterio de las Clarisas de Belorado.
En este post, lanzan además un recado al arzobispo: “Ha tenido mucho cuidado al elegir las cuentas: aquellas desde las que se tienen que realizar los pagos periódicos para zanjar las obras del monasterio de Orduña, no parecen ser de su interés”.
Por otro lado, las clarisas burgalesas también lanzan un dardo contra la prensa que cubre el evento: “A todo esto hay que sumar que el revuelo mediático parece haber creado un “todo vale” contra las monjas: lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos, e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura, también de madrugada, cámaras ocultas y acoso periodístico a todo aquel que entra o sale del monasterio”. Con esta premisa, aseguran que están planteando “como necesaria la contratación de servicios de seguridad privada, para garantizar en lo posible nuestra integridad física y la conservación del patrimonio.
