Un sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales ha reconocido este jueves ante una juez que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero ha defendido que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta.
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Tal como recoge Europa Press, el hombre estaba citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma por una denuncia que la víctima, una mujer con discapacidad, presentó ante la Guardia Civil en 2023. El investigado, de avanzada edad y con evidentes problemas de movilidad, ha llegado al Juzgado acompañado de su abogado y ha declinado hacer declaraciones a la prensa.
Por su parte, el abogado de la víctima ha destacado antes de entrar que un procedimiento eclesiástico que precede a la vía judicial fue favorable a su representada, y que el Obispado en su momento admitió “la extrema gravedad de los hechos” y “el dolor físico y psíquico” causado a la denunciante.
La denunciante sostiene que el sacerdote sancionado la agredió sexualmente de forma continuada desde los 14 años, aprovechándose de su minusvalía. Asimismo, sitúa estos abusos en dos domicilios, una parroquia en el Rafal y una habitación de hospital donde la víctima estuvo ingresada.
Proceso eclesiástico
El sacerdote fue condenado por el tribunal eclesiástico en 2021 a la expulsión del sacerdocio, pero la recurrió. La sanción final le impuso “una vida apartada de retiro, oración y penitencia” con prohibición de celebrar misa en público.
“Ahora nos presentamos ante el tribunal del Estado para acusar por un delito de abusos sexuales continuados con abuso de superioridad por su condición de religioso y por haberse aprovechado de su discapacidad”, ha declarado el letrado.
El abogado de la denunciante ha pedido que se llame a declarar al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y al vicario episcopal Nadal Bernat, para que informen sobre el proceso dentro de la Iglesia. La acusación pretende que también aporten una sentencia de aquel proceso que fue luego revocada, por la que inicialmente se habría acordado la expulsión del sacerdocio.
El tribunal eclesiástico declaró probadas relaciones sexuales con la víctima pero no que ocurrieran cuando ésta era menor de edad o prevaliéndose el acusado de su discapacidad. El procedimiento sí reconoció que las “conductas impropias” del sacerdote habían “causado daño físico y psíquico a la víctima”, según expresaba el Obispado en un comunicado.
