La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), enfatizó la “dignidad inherente de cada persona, especialmente de aquellos que experimentan la falta de vivienda”, ante la decisión de la Corte Suprema que avala la detención o multas a personas que duermen o descansan en lugares públicos de la ciudad de Grants Pass, en el estado de Oregon, y consideraron que el gobierno debería ayudarlos en vez de castigarlos.
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A nombre de los obispos, el arzobispo Borys Gudziak de la Arqueparquia Católica Ucraniana de Filadelfia y presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la USCCB, consideró que “las políticas que penalizan la falta de vivienda son una contradicción directa de nuestro llamado a albergar a aquellos que sufren la falta de vivienda y cuidar a los necesitados”.
Recientemente, la Corte Suprema dictaminó constitucional para la ciudad de Grants Pass arrestar o multar a las personas que experimentan falta de vivienda, por descansar o resguardarse en un lugar público, incluso cuando no hay un refugio seguro disponible.
Criminalización de las personas sin hogar
Para el arzobispo Gudziak “criminalizar a las personas sin hogar no es la respuesta para cuidar a los necesitados. Esta decisión no afirma la dignidad inherente de una persona, que está debidamente reconocida por la constitución. Tener que dormir en público con una manta es la definición de estar sin hogar. La emisión de multas y el arresto de personas, por ello, es un enfoque contraproducente para el problema de la falta de vivienda“.
En ese sentido, precisó, “en lugar de castigar a los más vulnerables entre nosotros, el gobierno debería ayudar a proporcionar refugio y programas económicos y sociales que defiendan y mejoren la dignidad de las personas sin hogar. Tal acción ofrecería oportunidades reales para una vida mejor y para remediar las causas más profundas de la falta de vivienda“.
Cabe destacar que la USCCB presentó un escrito de ‘amicus curiae’ en este caso y ha abogado durante mucho tiempo por inversiones federales en viviendas seguras, decentes y asequibles junto con servicios para las personas sin hogar.
Sobre los “abortos de emergencia”
Por otro lado, la USCCB se pronunció en torno a una decisión de la Corte Suprema que permite los abortos de emergencia en el estado de Idaho, donde se prohíbe el aborto; la autoridad judicial rechazó una demanda que pretendía bloquear cualquier tipo de atención médica para abortos de emergencia y restableció un fallo de un tribunal inferior que permitía a las salas de emergencia de los hospitales de ese estado realizar abortos de emergencia para salvar la vida y la salud de una embarazada.
A ese respecto, el presidente del Comité sobre Actividades Pro-Vida de la USCCB, el obispo Michael F. Burbidge, aseveró que “la fe católica y los hospitales católicos permiten inequívocamente procedimientos que son necesarios para salvar la vida de una madre embarazada en una emergencia médica, incluso cuando trágicamente resultan en la pérdida no deseada de su hijo prenacido”.
Recordó que la “Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo (EMTALA), se promulgó para garantizar el acceso a la atención médica de emergencia para las personas de bajos ingresos, especialmente las madres embarazadas, y la ley protege expresamente tanto a la madre como a su hijo prenacido”.
Por lo tanto, manifestó, “los hospitales católicos han atendido fiel y eficazmente a los pacientes bajo esta ley durante décadas, y trabajaremos y rezaremos para asegurarnos de que permanezcan libres para hacerlo”.
EMTALA -dijo- “no debe ser malinterpretada recientemente para anular las leyes estatales que protegen la vida ni malinterpretada para exigir la realización de abortos directos, que siempre son incorrectos, a diferencia de los procedimientos moralmente aceptables que son necesarios para preservar la vida de una madre, pero que trágicamente resultarían en la pérdida de su hijo”.
