“¡Nos quieren asfixiar!”. Es el grito que ayer por la tarde lanzaba vía WhatsApp a la abadesa excomulgada de Belorado al programa ‘Todo es mentira’, acusando al Arzobispado de Burgos de llevarlas a una situación límite por no tener acceso a sus cuentas, no poder pagar las nóminas de sus empleados, recibir amenazas de cortes de la luz y del teléfono.
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“Es un temerario desprecio a la verdad”, respondía la comisión gestora designada por el arzobispo y comisario pontificio, Mario Iceta, a través de un comunicado apenas unas horas después que la priora defenestrada calificara de “infame coacción” el proceder de la Iglesia. Ante esto, desde el Arzobispado avisa de que “nuestros servicios jurídicos valorarán estas manifestaciones y actuarán en consecuencia” pues consideran que se estarían imputando “unos posibles hechos delictivos a la Comisión Gestora”. Además, también estudiarían una segunda denuncia “ante esta manifiesta obstrucción del derecho de administrar adecuadamente los bienes”.
Impagos de años
Frente a las tesis de la ex abadesa, se asegura que se están atendiendo los pagos “más básicos y urgentes”. De hecho, se explicita que ya se han pagado más de 3.000 euros en suministros y más de 18.000 euros en créditos bancarios. Es más, la comisión desvela que hay impagos generados “durante meses, incluso años”. A la vez, el equipo de Iceta, desvela que ya han recibido facturas por más de 35.000 euros, así como 9.800 euros en nóminas.
El Arzobispado admite que todavía no han podido efectuar los pagos a los trabajadores, precisamente por la falta de documentación facilitada por la abadesa, por lo que han tenido que buscar otras vías para posibilitarles las nóminas.
Bloqueo permanente
Así, la comisión gestora recuerda que hasta en cuatro ocasiones se ha pedido “la información de la actividad económica del monasterio a la ex abadesa, sin que ninguna de estas peticiones haya sido atendida”, sea de forma presencial o por burofax.
En una versión completamente contrapuesta a la de la líder del grupo cismático, el equipo de Iceta explicita que “no solo se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la ex abadesa, sino que además nos consta que ha sido dada una orden expresa por su parte de no facilitar esta documentación a la comisión gestora”. De la misma manera, se acusa a la abadesa de impedir el acceso “a la información tributaria necesaria para poder presentar los modelos fiscales correspondientes, referidos a la actividad del último trimestre”.
De la misma manera, el Arzobispado dice no tener constancia de ingresos por las actividades “que se realizan desde las instalaciones del monasterio, de cuyos gastos la ex abadesa pretende que nos hagamos responsables”, como la materia prima, embalaje, mensajería, etc.