El Gobierno enmienda, ante las víctimas de abusos, el plan “unilateral” de la Iglesia: las compensaciones, acordadas con el Estado

Un sistema de reparación “obligatorio y efectivo” y en el que participen las víctimas. Esto es lo que exigirá el Gobierno a la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la hora de establecer un plan de reparación que compense los abusos sufridos por parte de miembros de la Iglesia.

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Así, tal como recoge Europa Press, lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo tras la reunión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Una reunión que pillaba de sorpresa a los representantes de las asociaciones y a la propia Iglesia, ya que se ha celebrado apenas 24 horas antes de que la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE debata, y en su caso apruebe, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).

Las asociaciones de víctimas que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), – Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet.

Contra el “sistema unilateral” de la CEE

El objetivo de la reunión, subrayaban desde el Gobierno, era dar cuenta ante las víctimas de la postura del Gobierno ante la intención de la CEE de establecer “un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.

Durante la reunión, Bolaños ha explicado que durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito. Un sistema que, por otro lado, tuviera en cuenta las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, en las que se señala la necesidad de crear, para tratar estos casos, un órgano mixto entre Iglesia y Estado.

En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará “en ninguna circunstancia” un sistema unilateral como el propuesto por los obispos y ha asegurado que no se ha transmitido “en ningún momento” al Ejecutivo.

Sin embargo, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, aseguraba el pasado jueves que ya existe una comisión técnica bilateral con Moncloa, donde la Iglesia ya habría explicitado al Ejecutivo de coalición las líneas generales de su hoja de ruta.

Un plan “no vinculante”

El mayor problema que, según parece, encuentra el Gobierno en el plan de la CEE es, precisamente que este “no cuenta con presencia de las víctimas”. Asimismo, subrayan que este plan, en caso de ser aprobado, no sería obligatorio para las diócesis, por lo que no se garantiza “en ningún momento” la reparación.

Y es que, tal como han explicado desde el ministerio, la aprobación del plan necesitaría la mayoría de dos tercios, pero lo que finalmente ocurre en las diócesis no dependen de la Conferencia Episcopal, sino que son soberanas, por lo que quedaría a voluntad de cada obispo la aplicación del mismo.

“Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada”, ha dicho Bolaños a las víctimas, subrayando que “el Gobierno estará a vuestro lado”.

“Entorno seguro”

Por todo ello, Bolaños ha insistido en la necesidad de que el Estado esté presente en todo este proceso. Principalmente, por cumplir “fielmente” con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron además asumidas formalmente por el Ejecutivo a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024.

Para finalizar, el ministro ha reiterado que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un “entorno seguro y de confianza” para plantear sus casos, actúe con “criterios transparentes”, esté integrado por profesionales independientes y compense “adecuadamente” a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia.