El plan de reparación integral para las víctimas de abusos de la Iglesia ya es una realidad. La hoja de ruta para los casos prescritos o con el abusador fallecido, que se presenta como PRIVA -siglas del plan-, ha sido aprobado esta mañana. A primera hora, con el visto bueno de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en una reunión virtual en la que los superiores mayores de las congregaciones “han dado el apoyo y han pedido responsabilidad y compromiso”, según fuentes de la plataforma. Después, con el respaldo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha dado su visto bueno en una sesión extraordinaria, después de que la semana pasada fuera ratificado por la Comisión Permanente.
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La medida más relevante, y también la que más resquemor ha generado en el Gobierno y entre algunas asociaciones de víctimas, es la creación de una comisión asesora que será la encargada de baremar caso por caso si se ofrecerá una indemnización, la cuantía que corresponde, así como otras medidas como terapias psicológicas, atención espiritual…
En calidad de invitados
Este equipo estaría compuesto por diez personas, entre las que no se encuentra ninguna víctima. El texto aprobado recoge que, cuando esta comisión “lo estime oportuno para el buen desarrollo del procedimiento”, se podrá convocar “en calidad de invitado” a un representante de una asociación de víctimas o que tengan por finalidad la acogida, el acompañamiento y la reparación.
Lo cierto es que el colectivo de víctimas reclama una plaza en este equipo. “El hecho de que no estén de forma permanente no significa que se les escuche, puesto que tanto los profesiones de la comisión conocen de primera mano la realidad que les corresponde analizar”, defienden fuentes de la Conferencia Episcopal. Estas mismas voces eclesiales detallan a ‘Vida Nueva’ que la no participación permanente de las víctimas seguiría “el modelo de otros organismos de este tipo, por ejemplo, con el terrorismo de ETA”.
Desde juristas hasta psicólogos
Más allá de las víctimas, este equipo de evaluación estaría compuesto por un representante de la Conferencia Episcopal Española y un representante de la Conferencia Española de Religiosos, al que se sumarían cuatro juristas “de reconocido prestigio procedentes de la carrera judicial y/o fiscal, o de los altos cuerpos de juristas al servicio del Estado, o de la universidad”. En el texto se matiza que “en el caso de los miembros procedentes de la carrera judicial y fiscal no deben encontrarse en servicio activo”. A ellos se sumarían dos médicos psiquiatras forenses “especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales”. Completarían el grupo dos psicólogos forenses “especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales”.
Rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal
Justo analizarán de forma personalizada cada una de las peticiones que les lleguen de las víctimas. Para baremar cada expediente, se recogerá toda la documentación posible para evitar que la persona implicada tenga de nuevo que pasar por un peritaje “con el objetivo de no revictimizar”. Con esos datos sobre la mesa, la comisión detallará la indemnización y las demás medidas. En el plan, eso sí, la Iglesia no establece ni un mínimo ni un máximo de dinero. Eso sí, en el texto se explicita que se tendrá “en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno”.
¿Quién paga?
Pero, ¿quién pagará a las víctimas? Los encargados de aplicar el dictamen de la comisión asesora será el obispo o el superior mayor al que esté vinculado el caso analizado. Y es ahí donde el Gobierno y Moncloa cuestionan la efectividad de este plan. Ni la Conferencia Episcopal ni la CONFER tienen autoridad alguna para imponer a las diócesis y a las congregaciones que ejecuten el dictamen de la comisión como si fuera una sentencia judicial. De ahí que ayer, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entre otras cosas, criticara que la Iglesia ha establecido “un sistema de compensación no vinculante”. Frente a ello, Moncloa se presenta como garante para imponer ese cumplimiento a través de un organismo, de similares características a la comisión eclesial, pero con participación del Estado y las víctimas.
Precisamente, para salvar ese escollo que supone para la Iglesia no poder imponer el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la comisión para resarcir a cada víctima, el plan aprobado asegura que se establecerán “unas pautas que promuevan y ofrezcan garantías en el resarcimiento de daños”.
Justicia reparativa
Más allá de la comisión, el PRIVA reconoce que “la justicia reparativa” para las víctimas requiere “crear las condiciones para su acogida, escucha y atención, y ofreciendo no solo la tutela y protección de la Iglesia, sino también ofreciendo una asistencia adecuada en todo aquello que pudiera requerir, desde la orientación y acompañamiento espiritual y pastoral, a la asistencia médica, psiquiátrica o psicológica”.
Además, la Iglesia reconoce en su plan que “las líneas de trabajo” se han elaborado teniendo en cuenta “las recomendaciones presentadas por el Defensor del Pueblo y recogidas en el plan elaborado por el Gobierno de España”.
De hecho, en el documento aprobado por los obispos y los religiosos se asegura que “se ha manifestado de forma pública la adhesión y colaboración con el acto público de reconocimiento a las víctimas propuesto en el plan del Gobierno”. “Se está a la espera de consensuar de manera conjunta, la forma de llevarla a cabo, junto a las asociaciones de víctimas que decidieran asistir”. En esta misma línea, se apunta que se derivará “hacia el servicio público y gratuito, de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito previsto en el plan del Gobierno de España, a aquellas víctimas que han estado de acuerdo en acogerse a sus servicios”. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce en qué esta se encuentra esta propuesta del Ejecutivo de coalición.
