Red Clamor denuncia que los Gobiernos de la región “fuerzan a las personas a vivir en la irregularidad” al no implementar los marcos legales adecuadamente
La Red de migración, desplazamiento, refugio y trata “Clamor” ha participado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Víctor Genina, integrante de la Comisión de incidencia de esta entidad, ha destacado el trabajo de la Iglesia en toda la región en favor de migrantes y refugiados.
En este sentido, explicó que Clamor – presente en todo el continente – lidera acciones para “responder a las necesidades humanitarias y de protección de la población en situación de movilidad humana”.
Un trabajo humanitario “a la luz de la fe”, donde laicos, vida religiosa y clero suman esfuerzos para “construir la cultura del encuentro” a la que el propio papa Francisco ha invitado desde el inicio de su pontificado.
Genina denunció que, a 40 años de la Declaración de Cartagena, los Gobiernos se han hecho la vista gorda en materia de protección de los derechos a migrantes y refugiados.
De hecho, “las tasas de reconocimiento de la condición de refugiado en la región son sumamente bajas”. Eso responde a la falta de capacidad institucional, pero “también a la falta de voluntad política”.
El laico sostuvo que se han agudizado en la región “los enfoques restrictivos, de contención y disuasión, incluyendo los mecanismos de externalización de fronteras”, lo que constituye “una violación del Derecho internacional de los refugiados y el Derecho internacional humanitario”.
El integrante de Clamor ha lamentado que los gobiernos “fuerzan a las personas a vivir en la irregularidad” al no implementar los marcos legales, lo cual deriva en “explotación, trata o migración a otros países”.
Otra de las causas de la migración – explicó Genina – son los efectos del cambio climático y desastres naturales por causa del extractivismo, deforestación.
Ante ello, es indispensable “contemplar estas causales como parte de la definición ampliada de refugiado de Cartagena” y garantizarles “protección internacional”.
Con base en estas observaciones, el catedrático ha expuesto algunas propuestas a “partir de un enfoque de derechos humanos, basado en el principio pro persona”.
Esto implica que los Estados se aparten de “los enfoques centrados en seguridad y contención para evitar la criminalización de las personas, así como la militarización y externalización de las fronteras”.
Asimismo ha pedido mayor “voluntad política” en la aplicación de los marcos legales sobre refugio y “fortalecer las instituciones encargadas del reconocimiento de la condición de refugiado, dotándolas de recursos humanos y financieros suficientes”.
Un aspecto clave es fomentar políticas de integración “diseñadas a partir de las necesidades de la población interesada, simplificando los procedimientos administrativos”.
Por supuesto, los mecanismos de seguimiento y monitoreo no pueden faltar, para lo cual resulta clave establecer parámetros e indicadores “contando también con la efectiva participación de todos los actores relevantes”.
Foto: EFE