En un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con fecha del 22 de julio, se asegura que miles de feligreses han dejado de asistir a las misas y cultos por miedo a ser hostigados por la Policía de Nicaragua, y luego criminalizados.
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Y es que -destaca- “la persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión”.
El grupo de expertos de la ONU señaló que las prohibiciones gubernamentales de celebración de actos religiosos públicos y masivos, así como la criminalización por manifestar la pertenencia a una Iglesia, generaron temor en la población, lo que provocó que muchos sacerdotes y religiosos hayan huido de Nicaragua y miles de feligreses hayan dejado de asistir a misas y cultos.
Las víctimas sujetas a un ‘entorno de tortura’
Por otro lado, el informe reveló una serie de actos u omisiones cometidos en centros de detención de la Policía Nacional, como el complejo policial Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial (El Nuevo Chipote), y del Sistema Penitenciario Nacional, como el complejo carcelario Jorge Navarro (La Modelo).
A ese respecto, se detalla que dichos actos se cometieron en contra de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.
Complejo penitenciario Jorge Navarro, ‘La Modelo’
Los actos incluyen “largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes”.
En lo que concierne a El Nuevo Chipote -refirió el Grupo de Expertos- donde al menos nueve sacerdotes estuvieron detenidos junto con otras personas opositoras o percibidas como tales, “las víctimas fueron sujetas a un ‘entorno de tortura’, ya que estas sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado o indefinido, régimen de incomunicación, irritación sensorial, amenazas e insultos, entre otros”.
Sin acceso a biblias en la cárcel
Los detenidos -añadió el Grupo de Expertos- no tuvieron acceso a biblias y no se les permitía orar en voz alta; “en algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas”.
Por lo anterior, el Grupo de Expertos dijo tener “motivos razonables para creer que los actos u omisiones cometidos por agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”.
Obispo Álvarez sufrió tratos “inhumanos” en la cárcel
En el informe los expertos aseguraron que “hay motivos razonables para creer que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles, participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en contra de los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales”.
Con relación a los 11 meses en prisión que estuvo el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado de delitos considerados ‘traición a la patria’, señalaron que en su estancia en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo (sector La 300), en la zona conocida como El Infiernillo, tuvo largos períodos en régimen de aislamiento.
“Esta sección está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo. Monseñor Álvarez no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención en La Modelo. El Grupo de Expertos concluye, con motivos razonables para creer, que estos actos u omisiones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura, tanto física como psicológica“, se lee en el informe.
